Nueva decepción para el sector. El Comité de Gestión de la Unión Europea, organismo que agrupa a expertos de los 27, decidió ayer no activar el mecanismo del almacenamiento privado de aceite de oliva. El comité desoyó así la petición expresa de España, que el pasado marzo logró el apoyo a la medida del Consejo de Ministros de Agricultura, con el respaldo explícito de cinco países y sin ninguna objeción. Sin embargo, el comisario del ramo, Dacian Solos, sólo se comprometió entonces a que se estudiaría en la reunión de ayer del Comité de Gestión.

Pues bien, la respuesta, ayer, fue no. Según informaron a Europa Press fuentes comunitarias, la razón es que no se dan las condiciones para activar la medida. Se insiste en que el nivel de precios es superior al que marca la legislación comunitaria: 1,779 para el virgen extra, 1,710 para el virgen y 1,524 para el lampante. En lo que se refiere a la perturbación del mercado, el argumento esgrimido por España, sólo hay un compromiso de seguir estudiando el tema. A petición de Ciolos, España ha aportado documentación para justificar su propuesta, basada en que los costes de producción se sitúan por encima del precio de venta en origen. El Comité de Gestión dio ayer acuse de recibo, pero nada más.

En un breve comunicado, el Ministerio de Medio Ambiente afirmó que espera que la Comisión "analice cuanto antes" los datos remitidos por España y anunció la convocatoria urgente de una reunión con la interprofesional del sector, que agrupa a productores, industria transformadora y distribución, "para analizar el escenario". El Ministerio insiste en que apoya las reivindicaciones del sector y en que seguirá luchando en Europa por el almacenamiento.

Los agricultores no se van a conformar, sin embargo, con la simple insistencia. Creen que con el revés que ha sufrido Rosa Aguilar en la UE se demuestra el escaso peso que tiene España en Europa en cuestiones agrícolas, y recuerdan que la activación del almacenamiento del porcino se produjo inmediatamente después de la petición de Francia y Alemania. Hay bastante consenso entre las organizaciones agrarias sobre la necesidad de incrementar la presión, y las hay, como COAG y los cooperativistas de Faeca, que reclaman ya la intervención directa del presidente del Gobierno. Lo que está claro es que continuarán las movilizaciones: mañana ya hay una prevista en Toledo, y desde Asaja se comienza a proponer que se lleve la protesta a Bruselas.

El presidente de esta última asociación, Ricardo Serra, se preguntó ayer, en declaraciones a Europa Press, si la ministra "no tiene el peso o la capacidad política para hacer que las cosas cambien". Su impresión es que Bruselas "no se toma en serio" la situación del olivar. Desde COAG Andalucía se incidía ayer en una nota en lo sorprendente que resulta que el apoyo del Consejo de Ministros Agricultura de la UE al almacenamiento no se traduzca en su activación. En Europa se suele dar por hecho que la opinión de los 27 es después refrendada por el Comité de Gestión. Rafael Sánchez de Puerta, de Faeca, calificó por su lado de "tomadura de pelo" la decisión de la UE y apuntó que "se está gestionando francamente mal la situación". UPA, la más reticente al almacenamiento privado, reclamó "trabajar en otras cosas", como la concentración de la oferta y la regulación de las prácticas abusivas de la distribución.