La voluntad europea de iniciar una negociación con Marruecos para un nuevo acuerdo de pesca es inequívoca. La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, comunicó ayer al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que ya ha iniciado los contactos con las autoridades marroquíes y que está a la espera de recibir el mandato de los 27 para afrontar el diálogo formal, algo que se debe de producir este mismo mes de enero. La Comisaria de Pesca ya dispone el visto bueno del Colegio de Comisarios.

El ministro, por su lado, salió satisfecho de su encuentro con Damanaki, del que destacó el "compromiso político" europeo por una "rápida negociación". En esta nueva ronda, el principal escollo será cómo resolver los dos argumentos que propiciaron el veto por parte del Parlamento europeo a la prórroga del antiguo acuerdo hasta el 27 de febrero: la sobreexplotación de algunas especies y que el protocolo no beneficia al pueblo saharaui, asunto este último que, por su carácter político, se antoja el más complicado.

Si la mirada es estrictamente técnica, el acuerdo no parece complicado, sobre todo teniendo en cuenta que hay bastante sintonía entre el sector español y el marroquí. Los dos se reúnen hoy en Barbate en el marco de la comisión sectorial mixta hispano-marroquí, con el objetivo de presionar para agilizar el diálogo. Arias Cañete señaló ayer que, al ser menor la flota que en el pasado, la compensación europea a Rabat también será rebajada, lo que también facilitará la negociación.

El Gobierno ha exigido que, mientras la flota no pueda faenar en Marruecos, ésta sea compensada por la Unión Europea, a razón, según las estimaciones gubernamentales, "con 15 ó 16 millones de euros" al año para pescadores y armadores. En caso de que no se alcanzase un acuerdo, la indemnización debería ser mayor, ya que habría que incluir desguaces y otras medidas.

Arias Cañete aprovechó su presencia en Bruselas para reunirse con el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, a quien pidió el mantenimiento de las ayudas agrarias que reciben los agricultores españoles, una cuantía que está en riesgo con la reforma que propone Bruselas de la Política Agraria Común (PAC). España recibe ahora 7.500 millones de euros, de los cuales aproximadamente 2.000 llegan a Andalucía. "Hay unas líneas rojas que no se deben traspasar, ya que la PAC sigue necesitando un apoyo muy importante y en estos momentos los agricultores y ganaderos y españoles no pueden ver reducidos sus actuales niveles de ayudas". La política continuista se justifica, para Arias Cañete, en que el funcionamiento de la cadena agroalimentaria está arrastrando a la baja los precios y en que se están incrementando los costes de producción. De momento, pide paralizar el debate sobre la PAC hasta que se defina el marco presupuestario europeo.