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Economía

La UE pierde medio billón de euros por fraude fiscal al año

  • El Parlamento Europeo critica la ausencia de una estrategia de control eficaz

El volumen de fraude fiscal estimado en los 27 países de la Unión Europea alcanza la astronómica cifra de entre 200.000 y 500.000 millones (medio billón de euros) al año. Esta última cantidad supone, aproximadamente, la mitad del PIB anual de España.

Esta es la estimación hecha ayer por el Parlamento Europeo, que adoptó una resolución para instar a los países miembros a que se tomen, "de una vez por todas", el fraude fiscal en serio. La cámara paneuropea criticó "la actitud de bloqueo de algunos estados miembros en los 10 últimos años" que, a su juicio, han impedido adoptar una estrategia eficaz.

El texto, adoptado por 391 votos a favor, 93 en contra y 178 abstenciones, no incluyó finalmente parte de un párrafo en la que se pedía a los países que apliquen sanciones y procedimientos penales contra los defraudadores.

El informe aconseja, entre otras medidas, que para revertir esta situación se graven en el país de origen las transacciones entre estados miembros sujetas a IVA. En este sentido, considera que la mejor solución para abordar el fraude en ese impuesto en relación a las transacciones transfronterizas consiste en introducir un sistema en el que la exención intracomunitaria del IVA se sustituya por una imposición del tipo del 15%. Además, reclama a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas para definir el sistema definitivo sobre este impuesto antes de 2010.

La Eurocámara destacó ayer, por otra parte, que en periodos de disciplina presupuestaria como el actual "toda erosión de la base fiscal, en particular la producida por los paraísos fiscales o una competencia fiscal desenfrenada, afectará a la capacidad de los estados miembros de cumplir con el pacto de estabilidad y crecimiento". Además, ese descenso de los ingresos públicos podría impedir a los estados responder a las demandas sociales, advirtieron los eurodiputados.

Por otro lado, en la resolución se defiende también atajar la evasión fiscal luchando contra los paraísos fiscales, así como ampliar el ámbito de aplicación de la directiva sobre fiscalidad del ahorro. También se solicita a la OCDE que sancione a los paraísos fiscales que no cooperan en la lucha contra el fraude fiscal.

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