El escenario de desaceleración económica obligó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a transformar su Informe Económico anual en la presentación de una nueva batería de medidas (21 en concreto) que deberían contribuir a recuperar, en el último tramo de 2009, el crecimiento "vigoroso" del que gozó España hasta que la coyuntura adversa comenzó a pasarle factura. Este nuevo conjunto de actuaciones se suma a las ya aprobadas en los primeros meses de la legislatura -desde la deducción de 400 euros en el IRPF hasta la supresión del Impuesto de Patrimonio o el plan de recolocación de parados- y que, según destacó ayer el jefe del Ejecutivo en el Consejo Económico y Social (CES), suponen ya una inyección de 18.000 millones de euros.

El nuevo plan de choque abarca y afecta a distintas áreas y ministerios, pero quizás los dos puntos más llamativos, por su repercusión social, sean los que afectan a los salarios de los altos cargos de la Administración General del Estado (AGE), que se verán congelados, y a la oferta pública de empleo, que en 2009 se reducirá hasta un 70%. Según explicó Zapatero, esas medidas, incluidas en un "plan de austeridad" dirigido a contener los gastos de la Administración, se enmarcan en el objetivo de mantener el equilibrio presupuestario sin renunciar al gasto social. Conclusión: en 2009 no se revisarán los salarios de los altos cargos, aunque se respetarán los pactos con los sindicatos de funcionarios. En total, el ahorro puede alcanzar los 250 millones entre 2008 y 2009.

Zapatero admitió que el crecimiento económico de 2008 estará por debajo del 2%, "débil a corto plazo, pero no un estancamiento duradero", y asumió que ese panorama, con la inflación alta, "traerá dificultades". A su juicio, se mantiene el objetivo de estabilidad para 2009, de equilibrio presupuestario, salvo para la Seguridad Social, donde se espera de nuevo un superávit que permita seguir aumentando el Fondo de Reserva. Con un insistente mensaje de optimismo, el presidente del Gobierno aseguró que la economía española superará las dificultades, a pesar de que "son serias y afectan directamente a los ciudadanos", hasta volver a retomar la senda alcista "en el último tramo de 2009".

Congelación salarial de altos cargos y reducción de la oferta de empleo público al margen, Zapatero desgranó más medidas revitalizadoras. Por ejemplo, que el Ejecutivo dotará con 35.000 millones de euros en 2009 y 2010 las líneas de apoyo del ICO y del Tesoro Público destinadas a la financiación de pymes y Viviendas de Protección Oficial (VPO). Además, el próximo año se pondrá en marcha un Plan Renove para rehabilitación de viviendas e infraestructuras hoteleras con una dotación en nuevas líneas del ICO por valor de 2.500 millones. Antes de fin de año, el Ministerio de Vivienda elevará al Consejo de Ministros un nuevo marco normativo para impulsar la rehabilitación de edificios, una medida paralela al Plan Vehículo Innovador Vehículo Eficiente (VIVE), dotado con 1.500 millones en créditos blandos para financiar a quienes sustituyan su coche de más de 15 años por un vehículo nuevo con bajas emisiones. En materia educativa, antes de agosto el Ejecutivo presentará una hoja de ruta de la reforma de la Formación Profesional, en colaboración con las comunidades autónomas.

También habrá cambios en el sector del transporte. Así, antes de agosto estará sobre la mesa el proyecto para escindir el área de mercancías de Renfe Operadora, creando una sociedad independiente para liberalizar la prestación de servicios auxiliares. De la reestructuración no se librará AENA, el ente público que gestiona los aeropuestos y que está abocado a un "plan de reestructuración" que dará entrada al capital privado e incorporará a las comunidades. Las medidas incluyen una nueva Ley de Puertos y marco energético que primará la eficacia y potenciará las fuentes renovables. Además, los Madrid y París firmarán este viernes un acuerdo que duplicará la capacidad de interconexión del sistema eléctrico español.

En cuanto al sector servicios, se impulsará una ambiciosa directiva que, entre otros motivos, logrará reducir "los precios que deben pagar los consumidores y las empresas en actividades como la distribución comercial, los colegios privados, la hostelería o las gasolineras". Se suprimirán restricciones injustificadas a la competencia y se reducirán hasta en un 20% los aranceles de notarios y registradores.