Las pymes y los trabajadores autónomos andaluces cargan con 94,6 millones de euros anuales correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de facturas que aún no han llegado a cobrar, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Andalucía ocupa el tercer lugar entre las regiones con un mayor volumen de IVA procedente de facturas pendientes de cobro, por detrás de Cataluña (195,2 millones) y Madrid (149,3 millones).

Entre sus provincias, el mayor volumen de IVA repercutido pendiente de cobro debido a la morosidad corresponde a Sevilla (25,8 millones), seguida de Córdoba (21 millones), Málaga (10 millones), Almería (9,4 millones), Granada (8,6 millones), Cádiz (8,3 millones), Jaén (7,7 millones) y Huelva (3,7 millones).

La legislación vigente sobre el IVA establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro. Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.

El Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio. La UE aprobó una directiva que permite a los estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja. En otras palabras, el proveedor podría abonar abonar el impuesto una vez se reciba el pago. A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su transposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales de 2012.

Además, con objeto de mejorar la liquidez de estas empresas, los técnicos de Hacienda proponen -en consonancia con varias de las enmiendas del PP, CiU y PSM-EN al proyecto de Ley de Economía Sostenible que se debatirá mañana en el Senado- modificar el actual sistema de devengo para retrasarlo hasta el momento del cobro total o parcial de la factura.

En paralelo, Gestha respalda las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios "con el fin de reducir la competencia desleal de los evasores frente a los autónomos y empresas que cumplen con las obligaciones exigidas".

Según el último Barómetro del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), tres cada cuatro españoles perciben un incremento del fraude, y hasta un 43% lo justifica por motivos tales como la impunidad de los grandes defraudadores, la falta de eficacia en la lucha contra el fraude o las diferencias en la carga tributaria que soportan los distintos contribuyentes. Para los técnicos de Hacienda, esta situación hace necesaria la importación de cuatro medidas utilizadas en la UE para mejorar la lucha contra la economía sumergida que, según sus cálculos, representa en España el 23,3% del PIB.

Los dos primeros pasos serían la cuantificación periódica de la economía sumergida mediante estudiosdesagregados por territorios, sectores e impuestos, así como que los parlamentos nacional y autonómicos fijaran un objetivo de reducción de la tasa de la economía sumergida un plazo delimitado de tiempo. A su juicio, también es necesaria una mayor colaboración entre las administraciones territoriales, creando una base de datos fiscales compartida, a la vez que promover en las distintas organizaciones internacionales los acuerdos para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales.

La cuarta medida, según Gestha, sería la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH), que supondría la autorización a más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente tanto el control tributario y aduanero como el control del gasto público.