Economía

Los ayuntamientos copan el 42% de la inversión en obra pública en Andalucía

  • Las adjudicaciones suben un 18% en 2018, hasta 1.325 millones, cifra lejana de los años precrisis

  • La patronal Ceacop dice que el gasto debería ser de 2.500 millones para ser aceptable

David Fernández y Ana Chocano, secretario general y presidenta de Ceacop David Fernández y Ana Chocano, secretario general y presidenta de Ceacop

David Fernández y Ana Chocano, secretario general y presidenta de Ceacop

Por tercer año consecutivo, los ayuntamientos lideran la inversión en obra pública en Andalucía, y lo hacen además de forma muy significativa. Así, de los 1.325,3 millones que las Administraciones adjudicaron a las empresas en 2018, 567 correspondieron a las entidades locales, el 42% del total, según el informe presentado por la patronal del sector, el Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). También los municipios son los que más elevan su esfuerzo inversor, un 26%, frente al 21% de la Junta y el Gobierno central, y ello “a pesar de tener menos competencias en infraestructuras y, en teoría, menos recursos”, señala Ceacop.

En términos globales, las adjudicaciones en Andalucía continúan la senda de crecimiento ya registrada en 2017, y tras el fatídico 2016. La inversión total asciende a 1.325,3 millones de euros, un 18% más, una cifra que, según Daniel Fernández Menéndez, secretario general de Ceacop, está aún en el 40% “de la inversión tradicional en Andalucía”. “Entendemos –continúa– que 2.500 millones sería lo necesario para acometer las infraestructuras pendientes y conservar las ya existentes”.

Medio Ambiente invierte 83 millones pese a recaudar 120 millones por el canon del agua

La Junta de Andalucía recupera algo el pulso con 370,4 millones de euros, un 21% más, con Fomento doblando su apuesta hasta los 142,5 millones, aunque, según Ceacop aún “en un nivel muy por debajo del que tendría que estar”. La antigua Consejería de Medio Ambiente mantiene una inversión de 83,6 millones, similar a la del año pasado, que contrasta con los 120 millones que recauda por el llamado canon del agua, un impuesto destinado a sufragar obras de depuración. “Al mismo tiempo, estamos pagando sanciones europeas por no cumplir con nuestra obligación de depurar las aguas, lo que denota la incompetencia administrativa”, señala Fernández Melendez.

Otro elemento negativo, en lo que se refiere a la Junta, es la inversión en sanidad, que baja a 48,2 millones de euros, “y las listas de espera también se quitan con gasto en infraestructuras”, señala el secretario de Ceacop

Respecto al Gobierno central, que adjudicó 265 millones, un 21% más, prácticamente todo, un 86% corresponde a Fomento, y llama la atención la raquítica aportación de Medio Ambiente (ahora Transición Ecológica), de sólo 14 millones de euros, “el peor dato del informe”, ya que este departamento se encarga del cuidado de las playas, las costas, la cuenca del Guadalquivir y de depuradoras de interés general, como la de Nerja, “que no se están acometiendo”.

El 65% de las empresas adjudicatarias fueron andaluzas, el mayor porcentaje desde 2001

Para este año, sin cifras cerradas, se nota ya un parón evidente. El cambio de equipos en el Gobierno andaluz, el parón electoral en el central y la ausencia aún de presupestos en ambas administraciones han paralizado las adjudicaciones, lo que hace que la segunda mitad de año necesite un fuerte impulso para superar las cifras de 2018.

Ceacop destaca, por otro lado, que el porcentaje de empresas andaluzas adjudicatarias se haya situado en el 65%, el mayor porcentaje de la serie estadística, que comienza en 2001. Esto ha beneficiado, más o menos, a 800 empresas andaluzas y se aleja mucho del porcentaje del 60-70% tradicional que correspondía a firmas nacionales.

Según Ana Chocano, presidenta de Ceacop, “cuanto más se aleja una administración del ciudadano más disminuye el porcentaje de negocio para una empresa andaluza”, aunque este año el Gobierno central ha pasado del 30% al 44% para firmas de aquí, sin que la cifra absoluta sea especialmente significativa (120 millones).

Faltan profesionales formados

Según Ceacop, “hay un problema importante con la formación”, ya que para las empresas resulta bastante difícil encontrar perfiles adecuados tras diez años de parón en el que muchos abandonaron el sector. En un momento de repunte de la construcción, no se encuentran jóvenes que no estén preparados sencillamente porque no han tenido donde formarse. “Está la Fundación Laboral de la Construcción, sí, pero está fracasando”, dice Fernández Meléndez, que señala que la media de edad de los trabajadores es cada vez mayor. Por eso, la organización pide –ya lo ha comunicado a la Consejería de Empleo– una FP reglada para este tipo de trabajos, a lo que en principio la Junta parece estar receptiva.

La estrategia de retrasar las facturas

Después de que la legislación obligara a las administraciones a pagar en un plazo establecido a sus proveedores, la morosidad cayó significativamente, pero el año pasado se detectó un repunte gracias a un truco cada vez más usado. Según informa Ana Chocano, presidenta de Ceacop, “ahora se fuerza a las empresas a retrasar la facturación para así evitar incumplir la ley”. También denuncia Ceacop que las administraciones “no están entendiendo la ley de contratos”, entre otras cosas porque se están exigiendo cláusulas sociales pero se mantiene el criterio de la oferta más económica, algo contradictorio. Una de las consecuencias es que se ha triplicado el número de contratos desiertos –a los que no ha acudido ninguna empresa–, que ha pasado de 42 a 130.

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