Tribuna Económica

joaquín aurioles

El debate fiscal

Adiferencia de comicios anteriores, en esta ocasión la fiscalidad ha desplazado al empleo y la coyuntura (crisis) como eje central del debate económico. Las cifras sobre cuánto aumentará la recaudación que proponen unos marean tanto como las rebajas que proponen otros, sobre todo cuando la discusión se traslada al terreno de los beneficiados y los perjudicados.

El Gobierno consiguió sacar adelante los nuevos impuestos (bancos y tecnológicas), pero tuvo que abandonar sus pretensiones en IRPF, IVA y Sociedades. Estos son los que más recaudan, el 84,5% del total en 2017, que equivalen al 14,1% del PIB, lo que significa que quien definitivamente consiga formar el próximo Gobierno tendrá que recurrir a ellos para implementar las agresivas propuestas fiscales aparecidas durante la campaña.

Las tendencias observadas en Europa no apuntan precisamente en la dirección de hacer que paguen más los que más tienen. En concreto, se reduce la fiscalidad a las empresas y aumenta la del consumo (IVA e impuestos especiales), a la que todos contribuimos, con independencia de la capacidad económica individual. Todos los países de la Unión, excepto Chipre, han reducido la tarifa del impuesto de Sociedades y la mayoría (22 de los 28) han aumentado el IVA desde el año 2000. En España la tarifa de Sociedades era del 35% y la del IVA del 16%. En la actualidad la primera se ha reducido hasta el 25% y la segunda ha aumentado al 21%, si bien todavía estamos por encima de la media europea en Sociedades y por debajo en IVA. En lo que se refiere al IRPF, la OCDE señala que se ha producido una pequeña reducción en la tarifa, aunque la tendencia no es tan clara como en los casos anteriores.

Se suele justificar por la necesidad de reaccionar frente a la caída de ingresos que se produjo con la crisis de 2008, pero lo cierto es que la tendencia viene de lejos y que la fiscalidad ha adquirido notoriedad como argumento competitivo con la globalización, en la medida en que influye en los precios y en las decisiones de inversión, incluida la extranjera. De particular trascendencia, en este sentido, es el caso del impuesto sobre el beneficio de las empresas, puesto que la Unión Europea se empeña en conseguir una base imponible común consolidada con el fin de forzar que las compañías multinacionales paguen sus impuestos allí donde efectivamente obtienen sus beneficios, en lugar de hacerlo donde la tarifa del impuesto es más reducida.

La guerra fiscal por atraer capitales e inversión ha provocado que, según la OCDE, la tarifa del impuesto sobre los beneficios, que como promedio se situaba en el 47,5% a principios de los 80 del pasado siglo, haya descendido en más de 20 puntos desde entonces. En estos momentos asistimos a un recrudecimiento de las hostilidades, tras la iniciativa, también en campaña electoral, de Trump de reducir el tipo en Estados Unidos desde el 35% al 15%. En el Reino Unido, Francia e Italia no han tardado en reaccionar con propuestas similares, lo que significa que España deberá extremar la precaución con el impuesto de Sociedades, porque las consecuencias pueden ser bastante más amplias que las estrictamente recaudatorias.

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