El Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes el proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que regula la figura del mistery shopping en este sector y que permitirá que funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones controlen las prácticas de comercialización de seguros sin necesidad de identificarse como tales.

Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que precisó que esta normativa pretende velar por la transparencia del mercado de seguros y por la solvencia de las entidades, de tal forma que tengan capital suficiente incluso en un hipotético escenario de estrés.

El Ministerio de Economía precisa que este nuevo modelo de cálculo de capital "no va a implicar nuevas necesidades de capital para el sector asegurador español, ya que todas las entidades cuentan con solvencia suficiente".

Según explicó la número dos del Ejecutivo, la ley pretende adaptar la directiva europea Solvencia II, con el objetivo de eliminar de las diferencias más importantes entre legislaciones de los Estados de la UE.

La norma incorpora nuevas exigencias en materia de valoración de activos y pasivos, garantías financieras e inversiones, además de obligar a las entidades a presentar un informe anual sobre su situación financiera.

El texto también incluye normas sobre la honorabilidad y aptitud del consejo de administración y los directivos, y se refuerza el control de la actividad de todos los departamentos en distintas materias, como la gestión de riesgos o el cumplimiento de la directiva.

Además, la ley establece una auditoría interna para que los procedimientos internos de las entidades sean los adecuados.

El proyecto de Ley refuerza el papel de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a la que se otorga la capacidad de dictar guías técnicas (criterios, prácticas o procedimientos que considera adecuados para cumplir la normativa de supervisión) y resoluciones. A su vez, los nuevos criterios de solvencia suponen un cambio profundo del modelo supervisor, ya que se pasa a un sistema de autorizaciones previas a uno de múltiples procedimientos: modelos internos, casamiento de activos y pasivos, clasificación de tramos de capital, etcétera.

El proyecto de ley también aborda otras cuestiones que no se derivan directamente de la directiva de Solvencia II, como la simplificación de las cargas administrativas del mercado de intermediación de seguros.

La norma ya fue aprobada en primera vuelta el pasado 5 de diciembre y ahora será remitida a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Con esta Ley y el futuro Reglamento se transpone la directiva de Solvencia II.