EN el corrillo que se formó durante la interrupción del Consejo de Ministros, no se hablaba más que de las eléctricas, y José Manuel Soria se las veía y deseaba para responder a los interrogantes que le hacían sus compañeros. A primera hora la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) anunciaba que quedaba anulada la subasta del día anterior, y por tanto también la subida del 11% del recibo a partir del 1 de enero. El ministro de Industria y Energía explicaba que el secretario de Estado Alberto Nadal había preparado ya el visé de la decisión de la CNMC y que en próximas fechas el Gobierno fijaría el porcentaje que se debía aplicar al recibo en el primer trimestre de 2014.

¿Significaba que se suprimía el sistema a partir de ahora, que no se celebrarían más subastas? No, era una solución extrema para un caso concreto, el que se produjo el jueves 19 cuando la subasta se resolvió en un tiempo récord, el porcentaje de subida que fijaron doblaba casi el que había calculado Industria en función de la tendencia que se observaba en los días anteriores referidos al consumo eléctrico, y en el Ministerio se dirigieron a la CNMC para que revisara los datos manejados en la subasta por si se hubiera producido una "manipulación". Una palabra muy fuerte, pronunciada por Soria y que en cierto sentido fue avalada por Competencia cuando resolvió que en subasta se habían producido "circunstancias atípicas".

Nunca se había anulado una subasta desde que se creó el nuevo sistema tarifario hace cinco años. La noche del jueves se celebró una reunión en Industria al máximo nivel para analizar qué pasos se debían tomar según la ley si Competencia, como esperaban, advertía alguna irregularidad en la subasta -Cesur- celebrada por la mañana en un tiempo record, pues generalmente se prolonga hasta bien entrada la tarde. Participan en esa subasta las cinco compañías Comercializadoras del Último Recurso, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, E.On y HC Naturgas, grandes empresas internacionales y bancos de negocios, y los vendedores-distribuidores, que no siempre son los mismos. No es presencial, se hace a través de internet, y teniendo en cuenta diversos parámetros como la energía disponible, el consumo y todo lo relacionado con la gestión, liquidación, cobros y pagos, según unas normas reguladas por la Secretaría de Estado de la Energía. A la Comisión Nacional de la Energía corresponde controlar el proceso.

En el Ministerio, revolucionado como nunca, apuntan que las eléctricas han parado centrales y pactado previos en las fechas anteriores a la subasta, mientras que desde la patronal Unesa, su presidente Eduardo Montes niega taxativamente cualquier tipo de pacto previo y se refería a la falta de viento y al bajo consumo de luz y gas de los ciudadanos, afectados por la crisis, como elementos a tener en cuenta.

El problema es de fondo y se arrastra desde hace años: el sistema no estaba bien regulado a través del equilibrio entre oferta y demanda, el ciudadano pagaba menos de lo que costaba la electricidad, y se había producido un déficit que había obligado a los gobiernos a un pacto con las eléctricas para paliar ese déficit tarifario. La situación se convirtió en más insostenible cuando el tiempos de Zapatero se subvencionó con importantes primas a las renovables, que sin embargo apenas llegaban a producir el 10% del consumo entre energía eólica y fotovoltaica, y cuando también en tiempos de ZP se tomó la decisión se retirar las primas se creó la práctica ruina de las empresas que habían apostado por renovables teniendo en cuenta las primas prometidas, provocando además de un descrédito internacional la necesidad de llegar a acuerdos con las eléctricas para asegurar el consumo energético necesario. Las eléctricas exigieron ayuda para tratar de paliar el inmenso esfuerzo económico asumido desde hacía años para estar en condiciones de garantizar el consumo que necesitaban los españoles.

Del recibo de la luz, el 56% lo fija el Gobierno y se refiere a los que considera imprescindible para el suministro. El 44% son los costes de producción, y son éstos los que se fijan a través de las subastas trimestrales. El déficit acumulado durante los últimos años había alcanzado los 30.000 millones, cantidad que no podían asumir las eléctricas ni el Gobierno.

El Gobierno ha dedicado mucho tiempo a negociar con las eléctricas a dos niveles: uno, para garantizar que seguirían produciendo la energía necesaria; y dos, para tratar de resolver de una vez el problema del déficit. En todas estas negociaciones había que tener en cuenta los intereses ciudadanos, la supervivencia económica de las empresas eléctricas … y las leyes de Bruselas, que controla las ayudas de los gobiernos a los distintos sectores y que mira con lupa la política de subvenciones españolas.

El problema se agudizó hace apenas dos semanas cuando tras varias e intensas reuniones con los responsables de las eléctricas para tratar de implantar una nueva política tarifaria. Soria preparaba un decreto para modificar el sistema de precios, y mientras acordó que el Gobierno aportaría 3.600 millones al sector para sanearlo. Pocas horas más tarde, Montoro anunciaba que los Presupuestos Generales no asumirían ese coste, lo que suponía una desautorización de su compañero Soria y también, según Unesa, un golpe mortal al sector.

El 4 de diciembre, Montoro recibía en su despacho a los presidentes de las grandes eléctricas, que acababan de conocer la pésima noticia que echaba atrás la promesa de José Manuel Soria. En ese encuentro los presidentes le trasladan su malestar, le muestran sus datos y sus cifras y le advierten que si los PGE no asumen parte del coste del déficit, deberán subir el recibo. Montoro acepta su reflexión de que serán los consumidores los que asuman el coste del déficit tarifario, aunque Soria no oculta su disgusto, no solo por la desautorización sino porque es consciente de que los españoles ya no pueden pagar más. Aun así, cree que en ningún caso el incremento del recibo va a superar el 5%. Al minuto de conocer subida del 11% llamó a Rajoy para anunciarle que era inasumible y que proponía que Competencia revisara la subasta. Rajoy estuvo de acuerdo. Se abría así la crisis más seria hasta ahora entre un gobierno y el sector. Y esto no ha hecho más que empezar.