El número de particulares en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) ascendió a 268 entre abril y junio, la segunda cifra más alta de la historia, tras incrementarse el 7,2% en relación con el primer trimestre del año, aunque bajó un 16,5% respecto al mismo periodo de 2009, según la Estadística del Procedimiento Concursal publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística.

Entre las empresas y los autónomos se mantuvo la tendencia a la baja, con 1.243 sociedades y emprendedores que se acogieron a un procedimiento concursal, lo que supuso un descenso del 9,5% frente al primer trimestre y del 13,7% en comparación con el segundo trimestre de 2009.

Si se suman ambos colectivos, el número de empresas y particulares que se declararon en concurso de acreedores alcanzó la cifra de 1.511 entre abril y junio, montante que cayó un 14,2% respecto a dicho periodo de 2009.

Las diferencias interanuales arrojan caídas sustanciales en particulares, empresas y, consecuentemente, en el conjunto de ambos colectivos, ya que entre abril y junio del año pasado se alcanzaron las cifras máximas de la historia, al presentar concurso de acreedores 321 ciudadanos y 1.441 sociedades o autónomos. Sin embargo la evolución trimestral muestra que mientras que los procedimientos concursales continúan con una tendencia a la baja en las empresas, vuelven a crecer entre los particulares.

Andalucía, por su parte, alcanzó los 164 deudores concursados en el segundo trimestre de 2010, según una, de los que 123 fueron empresas y los 41 restantes personas físicas sin actividad empresarial, según la misma fuente.

El Registro de Economistas Forenses (Refor) calcula que tras el récord de 2009 este año se mantendrá una cierta tendencia a la estabilización y se presentarán cerca de 5.000 insolvencias de empresas y particulares en los juzgados. Esa cifra implicaría una caída de hasta el 15,5% respecto a las 5.922 suspensiones de pagos contabilizadas en todo el ejercicio pasado.

El presidente del Refor, Raimón Casanellas, señaló en declaraciones a Efe que la reducción será mínima entre los concursos de acreedores de ciudadanos por los efectos de la crisis.

"Las insolvencias de particulares siguen siendo muy reducidas en comparación con otros países vecinos", asegura Casanellas, que representa a una parte de los profesionales que se nombran judicialmente para administrar concursos de acreedores.

El Registro considera que los procedimientos concursales de particulares "sí son una solución en el caso de personas que acumulan muchos préstamos personales", aunque recuerda que no sirven para paralizar la ejecución de hipotecas por impago.

Casanellas destaca la inoperancia de la ley concursal para resolver los problemas de sobreendeudamiento de particulares, ya que si no llegan a pactos con sus acreedores, el procedimiento se archiva judicialmente y se vuelve a la situación anterior, que recuerda además que estos procedimientos pueden conllevar un coste medio de entre 15.000 y 20.000 euros para una familia en concepto de gastos de procurador, abogado y remuneración de administradores judiciales.