El Gobierno de Mariano Rajoy negocia estos días enmiendas para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Ciudadanos, PNV, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Foro Asturias son los partidos con los que negocia para poder conseguir que la legislatura se prolongue hasta 2020 o, por el contrario, el presidente se verá obligado a convocar nuevas elecciones.

Ciudadanos afirma que todas sus peticiones han sido incorporadas en la negociación. Es el único partido de ámbito nacional que le prestará apoyo a Rajoy. En la medida en que las enmiendas de Ciudadanos sean razonables, ningún territorio en particular se beneficiará. El problema estriba en todos los partidos nacionalistas que prestarían su apoyo porque de forma directa se beneficiarían de partidas de gasto en exclusiva para sus respectivos territorios.

Excepto en el caso de Canarias, el resto de Comunidades que están representadas por partidos que negocian con Rajoy los presupuestos de 2018 son aquellas sobrefinanciadas respecto de las restantes. Llegar a acuerdos con ellas significará que aumentarán los recursos del Estado hacia esos territorios.

Esta situación se ha repetido una y otra vez en nuestro país, desde las primeras legislaturas de la etapa democrática, siendo los dos casos más evidentes las sucesivas renovaciones del cupo vasco y el amejoramiento navarro, por un lado, y la transferencia de competencias a Cataluña, de otro. En el primer caso, se ha consolidado una situación de privilegios fiscales y de injusta desigualdad. En el segundo, la estructura del Estado -la relación entre Comunidades Autónomas y Administración central- se ha modificado como consecuencia de las condiciones impuestas por los nacionalistas catalanes.

Estos días también aparece en los medios la reclamación de las Comunidades de alcanzar un acuerdo sobre financiación autonómica. En teoría, un nuevo sistema podría reducir o incluso hacer desaparecer las desigualdades entre territorios que el actual sistema genera. Pero en la medida en que el Gobierno central -cualquiera que sea su signo- necesite el apoyo de partidos nacionalistas para aprobar presupuestos o cualquier otra ley importante, el sistema de financiación sería burlado, porque esos partidos volverían a conseguir recursos extraordinarios fuera del sistema de financiación.

El PNV apoyó la aprobación del presupuesto de 2017, a cambio de rebajar el cupo en 1.400 millones, conseguir una electricidad más barata para su industria y una inyección de 3.800 millones de euros para el tren de alta velocidad. Este año ha obtenido un aumento del 32% en inversiones.

Y lo más llamativo ha sido la enmienda para que las pensiones recuperen el IPC como indicador de referencia para la actualización de las mismas. Las recientes manifestaciones en Bilbao han tenido, sin duda, importancia. El PNV aparece en el País Vasco como el partido que logrado mejorar las pensiones.

Si este asunto se transforma en una competencia entre partidos para ver quién da más, las peores perspectivas para el sistema de pensiones español se cumplirán.