La Asociación de Accionistas minoritarios de empresas Cotizadas (Aemec) presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contra el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) -probablemente en 2011- por considerar que esta decisión no se ajusta a derecho y causa un perjuicio a los accionistas de 1.000 millones.

Según el portavoz de Aemec, Pedro Ollero, el recurso explica que el cierre de Garoña debió ordenarse mediante un real decreto y no mediante una orden ministerial, ya que de ésta se deduce que la clausura obedece a razones políticas y no a motivos técnicos, tal y como prevé la ley de energía nuclear. La decisión, según Aemec, emana directamente del Consejo de Ministros, razón por la cual el recurso se ha presentado ante el Tribunal Supremo y no ante la Audiencia Nacional, como es el caso de otro recurso ya presentado por Nuclenor -sociedad compartida al 50% por Iberdrola y Endesa-, propietaria de la central. Al no haberse ordenado el cierre mediante un real decreto, se obvia la obligación de indemnización prevista en estos casos.