Aquellos cientos de miles de personas que decidieron -con mayor o menor tino- invertir en una segunda vivienda están de enhorabuena. Más bien exhalan un suspiro de alivio que descorchan cava alguno. Digo cava porque ha sido el PDeCat el que promovió una ley para acelerar los plazos de desahucio de viviendas ocupadas ilegalmente. La ley ha sido aprobada esta semana. Quienes decidieron ahorrar "en ladrillo", invertir en un piso en la playa para ir pagando la hipoteca con las rentas de alquileres o, sencillamente, compraron una casa a la espera de que esta se revalorizara y, con la ganancia, poder afrontar la vejez más holgadamente o poder pagar el máster a sus hijos, pueden suspirar gracias al partido catalán que, fíjense ustedes, ha sido secundado en el Congreso por el Partido Popular y Ciudadanos. PSOE, Podemos y ERC han votado en contra. Si tenemos en cuenta que la ley lo que viene es a hacer razonables los plazos para sacar finamente de tu casa a quien sin derecho alguno toma posesión de ella -o sea, en claro: un robo-, y que esta reforma no afecta a bancos ni empresas, sino sólo a pequeños propietarios, ONG y administraciones públicas, la postura en contra de la izquierda española sólo puede ser calificada de demagógica.

Llamar especulador a quien invierte en una segunda o tercera vivienda no sólo es una gilipollez, sino que es conceptualmente erróneo. Todos, entonces, somos especuladores cuando nos alegramos de que nuestras propiedades no se deterioren en su valor. A quien, ya desencantado con el postureo progre, sea mitinero, parlamentario o de barra, le dicen que ese ahorrador que mete su dinero en lo que estima conveniente dentro en la estricta legalidad -la ilegalidad no es negocio para la gente corriente-, sólo se le ocurre recordar un chiste que parecía muy facha de joven. ¿Recuerdan? La revolución llega al municipio: "Vamos a repartir con justicia todas las tierras (¡bien!); y todo el ganado y los tractores (¡bien!), y todas las casas donde no viva nadie (¡bien!), y todos los coches (¡bien!), y todas las motos (¡eh! ¡Las motos, no! Que moto tengo…)". No se entiende que el PSOE se oponga a una ley que viene a proteger a le gente normal frente a la mafia de la okupación que extorsiona al propietario para negociar su salida de la casa, o frente a quienes por declararse antisistema o alternativo ya se arrogan el derecho a birlarse la casa que otros, ya decimos, pagaron o pagan religiosamente. En realidad, la ley no permitía la okupación, sino que era extremadamente lenta en su aplicación. Esta nueva norma obliga a los juzgados a ponerse las pilas al hacer esta justicia. Que no otra cosa es la reposición de la propiedad a su legítimo dueño y la condena del delincuente.

Nunca tuve esa mala suerte. Pero conocí a una persona que sufrió la ocupación de una casita rural donde invirtió sus ahorros. No sólo perdió la posesión -no la propiedad-, sino que tuvo que defenderse legalmente tras ser disuadido por la Policía de actuar por las bravas como Jesús con los mercaderes. Perdió miles de euros en trámites y asesoramientos legales. Y perdió el sueño. Acabó divorciada, quién sabe si por eso sólo o por otras causas más objetivas de separación. Deprimida y tomando media al levantarse y media antes de acostarse. Mientras, un grupo de autodenominados artistas comprometidos, agresivos y chulescos, y algunas familias fijas discontinuas hacían uso de sus sofás, camas, luz, agua, limonero, baños, electrodomésticos, cuadros, retratos, otros objetos queridos (y suyos). Cuando recuperó la casa, destrozada, la odiaba y no tenía dónde venderla. He buscado explicaciones sensatas -decentes- del PSOE para oponerse a esta ley. Pero sólo sospecho torpeza y una preocupante y crónica falta de sustancia.