El ministro de Fomento, José Blanco, consideró ayer que la multimillonaria pensión que percibirá el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, por abandonar la entidad, que asciende, al menos, a 52 millones de euros, unos 3 millones al año, debería tener una fiscalidad "especial". Mientras, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aunque afirmó que no debe "opinar sobre esos temas", añadió que "es una consideración de ética, pero, en todo caso, es una decisión de los accionistas".

Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, criticaron la indemnización al ya ex consejero delegado de la entidad vasca. Los líderes sindicales aprovecharon la ocasión para reprochar a la patronal que reclame el abaratamiento del despido para el conjunto de trabajadores mientras los directivos se embolsan indemnizaciones multimillonarias.

Toxo, que participó en el Foro de la Nueva Economía, criticó que "desde los mismos sectores que plantean rebajar el coste del despido como elemento mágico para generar empleo", se apliquen estas indemnizaciones.

Mientras, Méndez afirmó que estas noticias pueden provocar "irritación y consternación justificadas". "Me conformaría con que la CEOE fuera más comedida en sus planteamientos respecto al nivel del despido", afirmó, tras reiterar el rechazo de su formación a cualquier abaratamiento de los costes por cese de contrato.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, criticó la decisión después de las medidas aprobadas por el Gobierno para financiar "públicamente" el sistema financiero y "salvar a la banca" ante la crisis.