Los Ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de marzo todas las facturas comerciales que adeudan con el sector privado para que posteriormente afronten su pago obligatorio a través de un plan de viabilidad que entrará en vigor en mayo.

Según ha avanzado el Ejecutivo, el nuevo sistema de financiación de impagados tendrá en cuenta como prioridad para su cobro la antigüedad de la factura y el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago.

Sin embargo, antes de entrar en vigor este nuevo mecanismo de financiación, que estaría vigente sólo para 2012, el Gobierno ha tenido que modificar a través de un Real Decreto la normativa vigente para posibilitar el aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las administraciones territoriales para el pago a proveedores.

El Ejecutivo también ha dado de plazo hasta el 31 de marzo para que los ayuntamientos presenten un programa de viabilidad que permita hacer frente a ese reintegro. La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas es que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Todos aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo en las principales entidades de crédito del país.

Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento con el suficiente plazo que asegure la viabilidad de la operación.

En el listado de facturas que han de remitir los ayuntamientos a Hacienda antes del 15 de marzo debe constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro.

Las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión y las cuantías que les afecta y en el caso de que no aparezcan en el listado, los contratistas aportando la documentación necesaria, podrán reclamar a su ayuntamiento que emita un certificado individual y éste no podrá negarse.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que este mecanismo será "ágil y eficaz" y lo está estudiando la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Ha recalcado que antes de ponerlo en marcha "es necesaria una base legal para poner orden y rigor y garantizar que estas administraciones públicas cumplirán con las medidas que se establezcan de ahora en adelante".

La vicepresidenta ha dicho que el nuevo sistema abonará las deudas "de una vez por todas" y clarificará la situación de las facturas pendientes de pago por parte de las administraciones. Ha reiterado que el Ejecutivo trabaja en una fórmula que tenga el menor impacto económico y de afectación al déficit público.

Montoro ya ha advertido de que con este nuevo plan para impagos podrían aflorar facturas no reconocidas en la contabilidad, aunque ha estimado que se trataría de una partida muy pequeña.

El objetivo fundamental es que las pymes y los autónomos puedan tener nuevos recursos para movilizar sus negocios se alivie así el estrangulamiento financiero que acusan y que "se ven en condiciones difíciles de salir adelante por la morosidad de las administraciones", ha dicho la vicepresidenta. El Ejecutivo no ha adelantado la cifra total de las facturas pendientes de pago, aunque ésta podría oscilar entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros.