El Gobierno madrileño hará efectiva la reducción de liberados sindicales en su Administración el próximo 1 de enero, aunque a día de hoy las diferencias numéricas son "enormes" y los representantes de los trabajadores condicionan tal rebaja a la negociación "total" del convenio de la Función Pública.

La cifra de liberados sindicales en la Comunidad ha sido el principal escollo en la reunión de la Mesa de la Función Pública que se ha prolongado durante casi dos horas y ha congregado a doce representantes del Gobierno que preside Esperanza Aguirre, encabezados por su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y quince miembros de CCOO, UGT y CSIT-UP. En el encuentro, Granados ha expuesto la "intención" del Ejecutivo madrileño de reducir de 3.500 a 1.500 los liberados sindicales, lo que supondrá un ahorro anual de 73 millones de euros. Esta intención, ha dicho, va acompañada de la de alcanzar un "acuerdo" en ésta o en cualquier otra materia aunque con una premisa: que no suponga un sobrecoste a las arcas públicas madrileñas.

Los representantes sindicales de los 200.000 empleados públicos que trabajan en la región quieren tratar el asunto de los liberados sindicales "en el conjunto" de la negociación del convenio colectivo de la Función Pública. Hasta entonces, Gobierno y sindicatos se han dado trece días de plazo, hasta que se celebre la huelga general del 29 de septiembre, para volver a sentarse y "estudiar" los datos que unos y otros tienen sobre liberados sindicales.

Ante la prensa, Granados ha asegurado que estos trabajadores están "identificados, con nombres y apellidos", mientras que los representantes de CCOO, UGT y CSIT-UP han evitado dar cifras y han defendido que, cualquiera que éstas sean, "el número es absolutamente legítimo", ha dicho el portavoz de UGT, Fernando Sánchez. Su homólogo de CCOO, Juan Antonio Olmos, ha criticado la manera "mezquina" en que el Gobierno de Aguirre ha anunciado su propósito de reducir el número de liberados, y ha apuntado al próximo 30 de septiembre para negociar "globalmente" sobre empleo, salarios, condiciones de trabajo, modernización de la Administración regional "y también sobre los liberados".

Por CSIT-UP, su portavoz, José Montero, ha coincidido con los anteriores en que los liberados "no son el problema más importante" de la Función Pública madrileña, al tiempo que ha advertido de que "atacar" a los sindicatos "no es una buena forma de empezar a negociar". Los tres sindicalistas han rechazado cualquier "imposición" por parte del Gobierno regional aunque no se han pronunciado sobre si adoptarán medidas jurídicas si no se alcanza un acuerdo antes del 31 de diciembre, víspera de la entrada en vigor de esta medida, tal y como ha anunciado el consejero Granados.

El responsable regional de Presidencia, Justicia e Interior ha asegurado que "no es voluntad" del Gobierno madrileño "atacar" a los sindicatos, y que la rebaja de liberados se enmarca en las acciones tendentes a una reducción del gasto y del déficit público en un momento de crisis como el actual. Además, ha instado al Gobierno a que, "en el ejercicio de transparencia a que está obligado", aclare y explique de dónde ha sacado la "irrisoria" cifra de 400 liberados en la Comunidad de Madrid que ha facilitado.

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado que los liberados sindicales están regulados en el Estatuto del Empleado Público, en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y, por tanto, se ajustan a la legalidad vigente "sin resquicio de duda".