El sector pesquero onubense que faena en el Golfo de Cádiz está recabando el apoyo institucional y político contra la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que hará desaparecer buena parte de la flota. La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) ha rechazado de manera frontal la revisión de la normativa comunitaria que pretende "eliminar barcos sin buscar ninguna salida alternativa.

Los 600 barcos que componen la flota pesquera de Hueva podrían verse gravemente afectados por las reformas que pretende aplicar la Unión Europea y que fueron presentadas el pasado 31 de julio en La Coruña. Y es que el 50% de las embarcaciones podría ir a parar al desguace.

Las intenciones de la UE han dado la voz de alarma en el sector pesquero, ya que la enmienda no plantea "apoyo económico alguno" e incluso se aplicaría sin haberse realizado estudios socioeconómicos sobre el impacto que la misma puede generar. Los pescadores no entienden cómo se quiere eliminar barcos sin encontrarles una salida alternativa, lo que deja sin ninguna posibilidad al sector de cara al futuro.

Del descontento de los pescadores se han hecho eco algunas formaciones políticas que pedirán a la comisaria de Pesca de la UE que modifique la reforma por entender que proteger el caladero no es cerrarlo. En opinión del PSOE, lo que se intenta es acabar con la flota artesanal y cerrar el caladero del Golfo de Cádiz y asegura por contra que éste es un ejemplo de sostenibilidad porque desde hace desde más de 8 años existe un plan de gestión donde se incluye una cuota de pesca.

La reforma de la PPC no tiene en consideración ni la pesca costera ni el marisqueo, actividades muy importantes para la provincia onubense, lo que supondría una pérdida económica muy significativa para la flota.

Los socialistas exigen que la futura política pesquera contemple una diferenciación positiva de la pesca costera artesanal, del marisqueo y de las almadrabas, actividades de relevancia social y económica para Andalucía que precisan un régimen de gestión específico "adaptado a las especiales necesidades y modos de funcionamiento".

El PSOE rechaza la propuesta de la Comisión Europea relativa a conseguir el Rendimiento Máximo Sostenible en el año 2015, plazo que requerirá un extraordinario ajuste de la flota andaluza, muy por encima del esfuerzo que ya se ha realizado, y la propuesta comunitaria sobre la eliminación de los descartes en 2013, plazo "que no resulta asumible para la flota, tanto por la pérdida de rentabilidad que supondría la remodelación de las artes pesqueras, necesaria para poder evitar las capturas, como por el insuficiente tiempo de ejecución".

En cualquier caso, el sector ha unificado criterios y establecido una postura común de cara a defender sus intereses frente a la "dureza" de la reforma y ya trabajan conjuntamente con Cádiz, incluso con Portugal. Aunque en principio los pescadores intentarán agotar la vía del diálogo en todos los foros de debate, no descartan movilizaciones que pueden llegar a ser muy fuerte si la revisión planteada sigue adelante, porque corren el riesgo de desaparecer muchas empresas y puestos de trabajo.

Las amenazas al sector pesquero no llegan solo desde la UE, sino también desde la Administración central, a través de una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de reducir de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) de la bacaladilla, que alcanza el 92%, al pasar de las 11.000 toneladas que tuvo en 2010 a las 800 de este año.

El PP ha pedido a la Junta de Andalucía, que se ha mostrado en contra de la medida al igual que con la reforma de la PPC, que defienda a los arrastreros ante el cierre del caladero de la bacaladilla en el Golfo de Cádiz, una especie marina depredadora de la gamba.