Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentaron ayer, en el último pleno de los actuales integrantes de este órgano antes de su renovación, que en su mandato no han defendido bien la independencia de los jueces, porque no han hecho valer su oposición a las reformas promovidas por el Gobierno.

El CGPJ aprobó ayer un balance de su labor durante los últimos cinco años y una vocal, Margarita Robles, planteó un texto alternativo a este balance que incluye críticas políticas.

Otros seis vocales apoyaron este texto y su crítica porque el órgano de gobierno de los jueces no haya sido capaz de haber hecho pesar su oposición a diferentes reformas promovidas por el Ejecutivo. Robles centra su crítica en "el escaso peso" que ha tenido este CGPJ para evitar reformas "muy negativas para la Administración de Justicia y los ciudadanos" como la ley de tasas, la eliminación de los jueces y fiscales sustitutos o la reforma del propio órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ aprobó ayer un balance (con 20 miembros a favor y con una sola abstención, la de la vocal Margarita Robles) que se centra en resumir en más de 30 páginas las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces desde un punto de vista más bien técnico.

El Consejo Fiscal expresó ayer su "profundo malestar y estupor" ante el hecho, "sin precedentes", de que los grupos no hayan contado con ningún miembro de la Fiscalía para el próximo CGPJ.

El Consejo Fiscal lamenta que a través de los acuerdos de los partidos políticos se prive a la Fiscalía de cualquier presencia en el órgano de gobierno de los jueces "cuando el Ministerio fiscal es una institución que está expresamente insertada por la Constitución en el ámbito propio del poder judicial". Estima que "con dicho proceder se desaprovecha la experiencia y el conocimiento de la realidad diaria del funcionamiento de la Administración de Justicia de la que disponen los miembros de la Fiscalía".

El Foro Judicial Independiente denunció ayer a su vez que el reparto por cuotas de los vocales del CGPJ toma en consideración "exclusivamente" criterios "políticos" en función de "las garantías de actuar disciplinadamente conforme a las instrucciones del partido que los ha designado".