Nombramientos

Un conflicto de intereses aleja a Carlos Lasarte del Consejo de Consumidores y Usuarios

  • Sanidad suspende definitivamente el nombramiento del licenciado en Derecho por la Hispalense, sólo horas después de hacerse efectivo porque no cumple todos los requisitos necesarios para el cargo

Carlos Lasarte y la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.

Carlos Lasarte y la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. / EP

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha suspendido con carácter definitivo el nombramiento del licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense Carlos Lasarte al frente del Consejo de Consumidores y Usuarios, al no cumplir todos los requisitos tras detectarse un conflicto de interés.

El propio Ministerio había anunciado horas antes este nombramiento, que se produce a propuesta de la propia ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.

En un breve mensaje lanzado poco después, Sanidad ha indicado que el nombramiento ha sido suspendido de manera definitiva y ha explicado que Lasarte no cumple todos los requisitos para el cargo "tras detectarse un conflicto de interés".

Según ha denunciado la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), tan solo unas horas después de ser nombrado como presidente del Consejo, se ha publicado su designación e incorporación a un despacho de abogados como director de un supuesto área de protección de los consumidores.

En concreto, se incorpora como director del departamento de protección de consumidores y usuarios del despacho Martínez-Echevarría Abogados en Madrid.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Lasarte ostenta desde 1992 la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad Nacional a Distancia (UNED). También ha sido catedrático y secretario general de la Universidad de Sevilla, así como vocal de la Comisión Gestora encargada de la instauración de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Consejo de Consumidores y Usuarios es el órgano de representación y consulta de ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal. Ostentará la representación institucional de las organizaciones de consumidores y usuarios ante la Administración General del Estado.

Está integrado por nueve asociaciones de ámbito supraautonómico, seleccionadas según criterios establecidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

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