La Infanta se precipita al banquillo. El juez José Castro ha decidido, tras cuatro años de ardua investigación, que doña Cristina debe ser juzgada por presuntos delitos fiscales y blanqueo junto a su marido, Iñaki Urdangarín, al que responsabiliza de crear una trama corrupta para sacar tajada de su vinculación con la Familia Real.

En el auto con el que ha cerrado la instrucción, de 167 páginas, Castro apunta que hay "sobrados indicios" de que la Infanta participó de las actividades de su esposo "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera" él, mediante "la colaboración silenciosa de su 50% de capital social de los fondos ilícitamente ingresados" en la empresa familiar Aizoon.

Según el juez, dichos fondos "ilícitos" proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear, a los que se añade el dinero que su marido no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales".

El magistrado considera que Urdangarín, con el respaldo de su socio Diego Torres, creó un entramado empresarial en torno al Instituto Nóos aprovechando sus lazos con la Familia Real gracias a su matrimonio con la Infanta.

En el auto se atribuyen al duque de Palma 25 presuntos delitos: cinco de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias, uno de falsedad en documento oficial, uno de falsificación de documentación mercantil, uno de estafa y dos delitos de fraude a Hacienda.

A partir de varios informes de Hacienda, Castro sostiene que Urdangarín defraudó 182.005 euros en 2007 y 155.138 en 2008 en sus declaraciones de IRPF. Estos supuestos delitos se atribuyen también a la Infanta porque se llevaron a cabo a través de Aizoon, la empresa que compartía la pareja al 50 %.

El juez imputa a la duquesa de Palma blanqueo de capitales porque cree probado que gastó dinero procedente de actividades delictivas de su marido a sabiendas de su origen.

Castro no se pronuncia sobre si la Infanta actúo por "confianza, veneración o amor" a su marido, pero le reprocha que en su declaración del pasado 8 de febrero argumentara en reiteradas ocasiones su "desconocimiento", una postura que imposibilita al magistrado para "desvalorizar los indicios incriminatorios" y sobreseer su imputación.

Junto a la infanta Cristina, su esposo y su ex socio Diego Torres siguen imputados la mujer de éste, Ana María Tejeiro, y los hermanos de ésta, Miguel y Marco Antonio Tejeiro.

Castro equipara el papel representado por la Infanta con el de la mujer del ex socio de su marido al aseverar que "en las más de las veces" parecían ser "simples comisionadas que obedientemente cumplían su cometido" sin previamente disipar las dudas sobre la legalidad o no de su actuación.

El instructor subraya que durante los interrogatorios "en muchos de los casos se apelaba a la falta de memoria, en otros a la ignorancia sobre cuestiones que por haber intervenido en ellas debieran conocer, y en otras se respondía en términos tan dubitativos que tanto avalarían una determinada respuesta como la contraria".

En el caso de la hermana del rey Felipe VI, Castro apunta incluso que su actitud y sus alegaciones de "olvido e ignorancia" se aproximó en la práctica "más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo".

Sin deslegitimar esta postura, el magistrado apunta en cualquier caso que las "reiteradas apelaciones al desconocimiento de la práctica totalidad de las preguntas que se le formularon" le "incapacitan" para minimizar los indicios incriminatorios que pesan sobre la mujer de Urdangarín. "Ya no es que las preguntas que se le formularon fueran fácilmente adivinables, sino que una gran parte de las que se le llegaron a formular le debían resultar previamente conocidas" en base a los indicios que constaban en el auto por el que la Infanta fue imputada, el pasado 7 de enero, añade Castro en este sentido, recordando que esa resolución "venía de facto a representar un cuestionario de preguntas que indefectiblemente se le habrían de plantear y ni aún así fueron razonablemente contestadas".

En total, el juez plantea que deben ser juzgadas 16 personas por supuesta malversación, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, falsedad en documento público, estafa, delitos contra Hacienda, falsificación y blanqueo. Así, Castro también propone juzgar entre otros al ex presidente del Govern balear Jaume Matas; al ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester; a los ex directores del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y la Fundación Illesport Gonzalo Bernal y el ex secretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet. A Matas le acusa de ocho presuntos delitos: dos de prevaricación administrativa, dos de malversación de caudales públicos, dos de fraude a la administración y dos de tráfico de influencias.

El juez Castro archiva la causa para el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

El juez ha dado cinco días a las partes para presentar recursos, que tendrá que resolver la Audiencia de Palma, que tendrá la última palabra para decidir si la Infanta se sienta en el banquillo.