La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) remitió ayer un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que señala que la petición del juez José Castro de ser nombrado magistrado emérito una vez se produzca su jubilación forzosa -prevista para diciembre de este año, cuando el día 20 de ese mes cumpla 70 años-, "no se adecua" a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial.

Los miembros de la sala de gobierno del TSJIB recuerdan en su informe que en el juzgado de Castro hay "un número significativo" de asuntos pendientes de avanzar en la fase de instrucción por posibles delitos contra Administración Pública, razón por la que se ha dotado de un refuerzo con una jueza de adscripción territorial. Consideran que la prolongación más allá de la jubilación de las funciones jurisdiccionales del titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma "posibilitaría la continuidad de las investigaciones a cargo de quien ya ha venido conociendo de ellas desde su incoación", pero señalan que esta opción no está contemplada en la Ley.

Recuerdan que lo solicitado por Castro no es permanecer en activo como "juez emérito sin más" tras su jubilación forzosa a los 70 años, sino que con esa condición se le permita proseguir la instrucción del caso Palma Arena hasta su culminación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial y el reglamento de la carrera judicial prevén la prolongación de funciones como magistrado emérito "exclusivamente para 'formar sala' como magistrado suplente" en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales, señala el órgano de gobierno de los jueces de Baleares.

Para la elección de magistrados eméritos debe haber un informe obligatorio del tribunal superior de justicia correspondiente, pero éste no es vinculante para la decisión que adopte el CGPJ.

Castro es el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares y está situado en el puesto 216 del escalafón de la carrera judicial por razones de antigüedad.

Tras más de cuatro años volcado en la instrucción del caso Nóos, están pendientes de finalizar 19 de la totalidad de piezas en que fue desgajado el caso Palma Arena, centrado en el supuesto desvío de más de 50 millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Jaume Matas.