Crónica Personal

Más dureza para Cataluña

La mano dura que ahora exhibe Sánchez pretende abortar los planes secesionistas tras la inminente sentencia del ‘procés’ y, de paso, pescar votos en las turbias y revueltas aguas

Torra y Puigdemont, en una imagen de principios de septiembre Torra y Puigdemont, en una imagen de principios de septiembre

Torra y Puigdemont, en una imagen de principios de septiembre

El triunfo más importante de los que defienden la españolidad de Cataluña es que el independentismo se ha convertido en un conglomerado de partidos y movimientos sociales con serias dificultades para entenderse entre ellos. Carles Puigdemont y Quim Torra despachan todas las semanas por videoconferencia, lo saben todos los catalanes y a la mayoría de ellos, incluso los independentistas, no ven con buena cara que el president reciba instrucciones de quien ocupó su cargo pero pretende seguir mandando desde el país al que se fugó.

Además de la programada videoconferencia semanal, Puigdemont y Torra mantienen varias más, así como conversaciones telefónicas, cuando ven necesario cambiar impresiones sobre cualquier hecho que afecte a la gobernabilidad o la convivencia de los catalanes. Siempre con el president recibiendo instrucciones de su antecesor. Las últimas fueron hace apenas dos días, cuando Puigdemont pasó a Torra los cambios sobre las listas electorales del 10-N : mantiene a su gente de más confianza, entre ellas a su amigo Matamala, que lo acompañó en su huida a Bruselas y se ha hecho cargo de la mayoría de sus gastos, y ha impuesto para el Senado en la lista de Barcelona a Roger Español, famoso porque perdió un ojo por un pelotazo de goma en los disturbios del 1 de octubre. Torra, como siempre, ni chistó.

ERC se ha situado a una distancia considerable del JxCat, la coalición que creó Puigdemont para concurrir a las elecciones autonómicas de 2017 con el PDeCAT, la antigua Convergencia, y varios grupos y movimientos sociales independentistas. Pero la marca Junts tal como se configuró ha saltado por los aires, con el PDeCAT como elemento financiero de Junts, pues como partido recibe las subvenciones que le corresponden, pero con Puigdemont imponiendo su criterio. Lo que ha provocado que dirigentes del PDeCAT estén permanentemente contrariados por las imposiciones de Puigdemont. Sobre todo el ex presidente Artur Mas, que espera el fin de su inhabilitación el próximo febrero para reactivar su figura política. Su máximo deseo es poder presentarse a las nuevas elecciones autonómicas, que se consideran cercanas.

Nuevo plan de Moncloa

A Rajoy se le acusó de negarse al diálogo con los independentistas, ser débil ante el desafío secesionista, tardar excesivo tiempo en aplicar el 155 y dar credibilidad a la teoría –equivocada– de su vicepresidenta Sáenz de Santamaría de que había que apostar por la sensatez de Junqueras. Todo eso se le reprochó a Rajoy aunque algunas de las acusaciones se contradecían con otras. Lo único que PSOE y Cs ven una decisión ajustada fue poner en marcha el proceso que llevaría a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez supuso un cambio radical de la postura de La Moncloa respecto a Cataluña, con algún episodio de diálogo poco explicado que provocó indignación en los sectores que defienden a ultranza la Constitución. Entre ellos, una cita con Torra en la que el president entregó al jefe del Ejecutivo un papel con una serie de propuestas que Sánchez ocultó... y que Torra hizo públicas al ver que éste las camufló.

Sin embargo, por convicción, por el sentido de Estado que suele adueñarse de los políticos que llegan a la Presidencia del Gobierno, o por electoralismo, Sánchez ha dado un giro de 180 grados respecto a Cataluña. Ha echado abajo las esperanzas de Puigdemont y Torra sobre crear una república independiente y al mismo tiempo ha dejado sin discurso al dirigente de la oposición por el que siente más inquina, Albert Rivera, que lleva años presentándose como líder del partido que más valientemente se enfrenta al independentismo catalán.

Cs, en cambio, ha perdido presencia en Cataluña por no haber aprovechado la ocasión cuando Arrimadas ganó las autonómicas, y también porque siete de sus dirigentes allí con más protagonismo, incluida Arrimadas, dieron el salto a la política nacional.

La estrategia de Sánchez pasa por provocar tensiones en el independentismo y mostrar a los PSC-PSOE como el partido constitucionalista con más posibilidad de presentar iniciativas de calado sin dejarse llevar por la demagogia y las propuestas irrealizables.

La división interna del independentismo se demostró días atrás cuando Torra alentó a los miembros de los CDR tras la detención de varios acusados de prácticas terroristas, mientras Puigdemont condenaba la violencia. Y la debilidad creciente del independentismo se visualizó el 1 de octubre, cuando la conmemoración de esa fecha emblemática pasó tan sin pena ni gloria que los grupos que abanderan las manifestaciones y el bloqueo de las principales vías de comunicación advirtieron que el 1-O había sido sólo un ensayo de lo que preparan para los días posteriores a que se conozca la sentencia del Supremo sobre el procés.

Seguridad Nacional

El Gobierno ha enviado un número considerable de agentes a Cataluña como respuesta a la exigencia de los independentistas de que se expulse a la Guardia Civil. Y ante las explicaciones de que Cataluña se paralizará tras la sentencia, Sánchez ha anunciado que hace suyas las propuestas que hasta ahora sólo estaban en boca de Cs –que exigía la puesta en marcha del 155– y del PP –que se aplicara de forma inmediata la Ley de Seguridad Ciudadana–. Sánchez no contempla el 155 mientras no se den las circunstancias, y buen cuidado tienen Puigdemont y Torra de que no se den, pero sí baraja la Ley de Seguridad Nacional si se producen las manifestaciones, bloqueos, huelgas y boicots.

El terreno está más abonado hoy para actuar enérgicamente contra los independentistas: el apoyo en la calle ha decrecido notablemente, a los catalanes les preocupa más el deterioro de los servicios públicos que la lucha por la secesión, el paro se ha acrecentado de forma alarmante, más de 5.000 empresas han llevado su sede social fuera de Cataluña, la crisis que se avecina va a golpear con fuerza a una economía debilitada, y la imagen de región española más avanzada social y culturalmente ha quedado atrás hace mucho tiempo.

Incluso la Policía autonómica muestra signos de desconfianza al independentismo: el choque entre los profesionales y las autoridades policiales ha provocado cambios en la cúpula de los Mossos que, por otra parte, no ocultan su satisfacción por participar con Policía Nacional y Guardia Civil en operaciones importantes como la lucha contra el yihadismo.

La mano dura que apadrina ahora Sánchez pretende abortar los planes que preparan los independentistas para recibir la sentencia del Tribunal Supremo pero, también, demuestra el hartazgo del presidente en funciones respecto al secesionismo catalán, y su deseo de pescar votos en aguas revueltas en las que son cada vez más visibles las señales de que los catalanes apuestan mayoritariamente por su españolidad. Con privilegios respecto a los ciudadanos de otras regiones... pero españoles.

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