España

Detenido el alcalde de Santa Coloma y dos ex altos cargos de Pujol en una operación anticorrupción

  • Hay al menos ocho arrestados, entre los que se encuentran el ex conseller de Economía Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta.

La operación anticorrupción ordenada este martes por el juez Baltasar Garzón se ha saldado con la detención de ocho personas en Barcelona, entre las que figuran el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz, y dos ex altos cargos del gobierno de Jordi Pujol, el ex conseller Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat LLuís Prenafeta.  

Entre los detenidos se encuentran también el concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta alcaldía, Paqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del Partido Socialista Catalán Luis García Sáez y dos empresarios del sector inmobiliario: el presidente de Proinosa, Josep Singla, y el del grupo inmobiliario Espais, Luis Casamitjana.  

Según fuentes cercadas al caso, los detenidos estuvieron desde primera hora de la tarde en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y no se descarta que se puedan realizar nuevas detenciones a partir de sus declaraciones.  

Varios registros

La operación comenzó sobre las diez de la mañana de este martes, cuando 14 agentes entraron en el Ayuntamiento de Santa Coloma para registrar su sede y rebuscar pruebas. El alcalde no se encontraba allí. Llegó alrededor de las 16 horas de la tarde para presenciar el registro. Lo hizo custodiado por varios agentes y ante la mirada de algunos vecinos.

Mientras se hacían estos registros trascendió que el operativo también se estaba realizando en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, aunque en la primera, finalmente, no se llevó a cabo ningún registro. El segundo teniente de alcalde de Badalona y concejal de Hacienda, Francesc Serrano (PSC) aseguró que todos estaban "tranquilos", a la vez que "sorprendidos y preocupados" por la noticia.  

En Sant Andreu, dos agentes de la policía judicial entregaron al alcalde, Bernat Graupera (CiU), una notificación del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que les entregara un convenio urbanístico de 2006, aunque el alcalde aseguró este martes que dicho documento había sido firmado por el anterior gobierno municipal, del PP.  

Los partidos de hicieron rápidamente eco del caso y desde el Partido Socialista Catalán dejaron claro que se expulsará al alcalde de Santa Coloma, así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo si se les imputa algún delito. Por su parte, CiU enmarcó las detenciones de Alavedra y Prenafeta en el ámbito privado  y destacaron que están desde hace años lejos de la cúpula de CiU. 

"Fuera especuladores"

La Guardia Civil pidió a los trabajadores del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet que dejaran sus tareas habituales y salieran del edificio. Centenares de vecinos y numerosos periodistas se concentraron frente al ayuntamiento y decenas de ellos gritaron "Fuera especuladores", "Fuera Bartomeu", "Ladrones", "Se ha hecho justicia".

Un funcionario municipal explicó a los periodistas que la policía llegó sobre las diez y media de la mañana y les dijo que dejaran encendidos los ordenadores y los móviles en las áreas de Urbanismo, Servicios Jurídicos, Informática y Secretaría y abandonaran el edificio.  

Este trabajador se mostró sorprendido por la actuación judicial y dijo que están muy preocupados por la situación porque es un ayuntamiento que funciona de forma "normal" y que cumple con todos los informes anuales en la Sindicatura de Cuentas. "Una noticia como ésta te afecta como trabajador y como empresa", añadió.  

Sin embargo, un miembro de la asociación Gent de Gramenet, Jaume Perandreu, explicó que no les han sorprendido estos hechos ya que habían detectado numerosos casos de irregularidades en el consistorio.  

En una ocasión remitieron un informe a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades, que fue archivado, y otras veces enviaron informes extraoficiales a la Fiscalía de Madrid que podrían haber hecho que "tiraran del hilo". "Intuíamos que había tratos de favor a las constructores a cambio de comisiones, pero esto es muy difícil de demostrar", explicó. 

Caso del pasado

Esta operación anticorrupción parte de una causa que Garzón instruyó por el caso BBVA- Privanza en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, según informaron fuentes jurídicas.  

Según las fuentes consultadas, Garzón archivó parcialmente la causa abierta en torno a la sociedad BBVA- Privanza, relacionada con la evasión de impuestos en 2005, cuando retiró la imputación a 19 ex consejeros de la sociedad. En el marco de esta investigación se encontraban vinculados a algunos bufetes de abogados, entre ellos el catalán Petrus.  

El juez imputa a los detenidos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Las actuaciones se encuentran secretas, según añadieron las fuentes, que además desvincularon la operación de este martes con las llevadas a cabo en este mismo juzgado contra la mafia rusa (Troika y Avispa).

Dos hombres de confianza de Pujol

El ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y el ex conseller Macià Alavedra, ex altos cargos del Gobierno de CiU que presidió Jordi Pujol, detenidos este martes, ya se habían visto implicados en otros cargos de corrupción, sin que en ningún caso fueran procesados.  

 Alavedra, nacido el 16 de marzo de 1934 en Barcelona, se inició en la política con 18 años cuando ingresó en el Front Nacional de Catalunya y en 1974 participó en la fundación de Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC), junto a Ramon Trias Fargas, que posteriormente se fusionó con CDC.  

Fue diputado en el Parlament y en las Cortes y ocupó diversas consellerias en los gobiernos de CiU de Pujol; entre ellas, la cartera de Economía y Finanzas durante seis años. Fue presidente de la empresa concesionaria de autopistas Aucat y de las sociedades Abertis Logística y Kern Pharma.  

Alavedra renunció al cargo, después de ser relacionado con el ex juez Lluís Pascual Estivill. En concreto, apareció vinculado durante el proceso judicial contra Estivill en los casos de extorsión y soborno a los que fueron sometidos los dos presidentes del Banco Central Hispano (BCH): Alfonso Escámez en 1992 en relación al caso Macosam y José María Amusátegui en 1993 en relación con el encarcelamiento de los principales ejecutivos del grupo asegurador del banco.

El ex conseller de Economía, contacto de Pujol con el empresariado, fue valedor de Javier de la Rosa, aunque negó cualquier responsabilidad sobre la gestión económica del empresario al frente de la sociedad Grand Tibidabo.

Luis Prenafeta también se vio implicado en este caso, aunque finalmente declaró como testigo. Éste ostentó la secretaría general de presidencia durante 10 años, cargo que dejó después de que se presentara una querella contra él por compatibilizar su cargo en la Generalitat con un puesto en el consejo de administración de una aseguradora vinculada a la familia Bernat. Prenafeta se vio también implicado en el caso Estivill.  

Aunque nunca tuvo rango de conseller, se le consideraba la mano derecha de Pujol. Durante este tiempo promovió los medios públicos y las loterías de la Generalitat. Tras salir de la Generalitat de dedicó a promover negocios privados, como el diario barcelonés El observador Fue juzgado por el Caso Huarte por el cobro de comisiones para financiar el diario por parte de constructores, aunque finalmente fue exculpado.  

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