La Guardia Civil ha detenido a dos alcaldes valencianos en distintos puntos de la Comunidad, concretamente en Bigastro (Alicante) y Zarra (Valencia), ambos relacionados con presuntos delitos urbanísticos cometidos en sus respectivos consistorios. Mientras que el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, pertenece al PSOE de la Comunitat Valenciana (PSPV) y fue suspendido de militancia poco después de su arresto, el de Zarra, Juan José Rubio, había sido suspendido en 2006 después de que se presentará una denuncia por falsedad, estafa y fraude. Rubio volvió a ser alcalde presentándose como independiente.

El primer edil de Bigastro fue detenido por la mañana junto al secretario del Ayuntamiento y dos empresarios, y fue trasladado por la Guardia Civil al cuartel de la Benemérita situado en Jacarilla (Alicante). Su detención se produjo por "presuntas irregularidades urbanísticas" sin detallar, según informó la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, que añadió que las Fuerzas de Seguridad "trabajan con eficacia e investigan" sin "distinguir a personas".  

Poco después del arresto, la secretaria de Organización del PSPV, Elena Martín, anunció la suspensión cautelar de militancia y la apertura de un expediente disciplinario al alcalde de Bigastro. La dirigente socialista defendió la "contundente" actuación de la Dirección del partido frente a la "pasividad" de los máximos dirigentes del PP en el 'caso Fabra' o de la alcaldesa tránsfuga de Dénia (Alicante) Ana Kringe.

También a primera hora de la mañana, la Guardia Civil procedió a la detención del alcalde de Zarra, Juan José Rubio, y de su hijo, por los mismos presuntos delitos. Ambas detenciones se produjeron a instancias de la Fiscalía de Valencia, que no era la primera vez que actuaba contra el primer edil. Ya en enero de 2006 dio traslado al juzgado de Requena una denuncia del PP contra Rubio, entonces del PSPV, y otros tres concejales de ese partido por presuntos delitos de estafa, fraude, prevaricación y falsedad.  

Tras aquella denuncia, que partía de la concejal del PP de Zarra Rebeca Gozálvez después de "detectar una serie de irregularidades en las actividades de compra-venta de inmuebles", la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV solicitó la suspensión cautelar del primer edil y de los tres consejeros acusados mientras se resolviera la denuncia. Sin embargo, el alcalde se presentó a los pasados comicios municipales de mayo de 2007 por una agrupación independiente con la que obtuvo cuatro de los siete concejales con que cuenta Zarra.

El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, pidió explicaciones al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y a la dirección federal del PSOE por la detención de Moya, recordando que desde la elección de Alarte como líder de los socialistas valencianos se ha producido esta detención y la del concejal de San Fulgencio (Alicante) Manuel Barrera, de una agrupación con la que gobierna el PSOE en coalición.  

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró respecto a las detenciones que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado centran su labor en "controlar la delincuencia" y "enfrentarse al delito", sin mirar "el color político". Además, el representante del Ejecutivo central comentó que las detenciones se han llevado a cabo como consecuencia de "investigaciones relacionadas con actuaciones de contenido económico ligadas con el ejercicio de sus responsabilidades políticas".