El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se mostró ayer muy contundente a la hora de rechazar la sentencia absolutoria dictada ayer por el Tribunal Constitucional sobre los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, acusados ambos por el Tribunal Supremo de un delito de estafa y falsedad mercantil.

Conde-Pumpido aseguró que discrepa "radical y profundamente" de esta resolución que "permite a los acusados quedarse con el dinero de la estafa". La declaración no tardó en encontra la réplica desde el poder judicial, quien reclamó de Conde-Pumpido "responsabilidad" y "racionalidad" ya que representa a una institución pública. Desde el Gobierno se pide respeto a las decisiones judiciales aunque se entiende que estos fallos judiciales puedan provocar "cierta inquietud".

Conde-Pumpido lamentó que la sentencia del TC vaya a permitir a los Albertos quedarse con el dinero de la estafa y reivindicó que la propia sentencia absolutoria "ratifica que la condena del TS se dictó con todas las garantías y por lo tanto ratifica que había pruebas de un delito de estafa y otro de falsedad".

Pumpido defendió el criterio ejercido por el Ministerio Público desde el principio recordando que "la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ya sostuvo la acusación por los delitos de estafa y falsedad mercantil".