El presidente del Consejo de Administración de Enresa, Francisco Gil-Ortega, ha presentado este martes su dimisión "por razones personales" al vicepresidente del Consejo, Cayetano López. Según ha confirmado Enresa, la dimisión ya ha sido comunicada también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y añade que la dimisión se hará efectiva transcurrido el plazo de preaviso que se fija en el contrato mercantil de Gil-Ortega.

En una de sus últimas decisiones como presidente, Gil-Ortega cesó el pasado 27 de enero a su director de Administración, Eugenio Alejandre Siscart, por "extinción de vida laboral", según informaron fuentes de la compañía estatal a Europa Press. Pocos meses atrás, también fue cesado el responsable jurídico de la empresa estatal, Jesús Moreno Vivas, por presuntas desavenencias con el presidente.

El cese fue recibido con "satisfacción" por parte del Comité de la empresa en Madrid que, sin embargo, lamentó que no se hubiera producido con anterioridad. En una comunicación interna del comité de empresa de Enresa en Madrid, a la que tuvo acceso Europa Press, estimó que este cese era "congruente" con lo que el comité llevaba solicitando desde hace meses y, por ello, lamenta también que la decisión "no haya tenido lugar hace tiempo".

Enresa es la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos nucleares españoles así como del proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), que albergará los residuos atómicos de alta actividad y el combustible gastado durante casi un siglo, hasta que éstos sean trasladados al almacén definitivo. Según el VI Plan General de Residuos Radiactivos, el ATC almacenará "todo" el combustible gastado que se genere en el país -unas 6.700 toneladas-; los residuos procedentes del reproceso del combustible de Vandellós I realizado en Francia -68 cápsulas de elementos vitrificados) y residuos de media actividad procedentes de ese mismo reproceso-, así como los residuos del desmantelamiento de los componentes internos de las centrales -20.000 metros cúbicos- que no puedan guardarse en el almacén de residuos de media y baja actividad de El Cabril (Córdoba).

Respecto a los residuos que están en Francia, España pagaba a Francia por que le mantenga estas cápsulas vitrificadas una elevada suma anual, del orden de 65.000 euros diarios como penalización por mantener allí estos residuos. Sin embargo, el convenio fue renegociado y en la actualidad estas penalizaciones ya no se pagan, precisamente por los avances en el ATC en ciernes, al menos hasta finales de 2015. Sin embargo, la fecha prevista para la entrada en funcionamiento del silo atómico es principios de 2018. El proyecto es fruto de una decisión parlamentaria, por acuerdo de todos los grupos, que se adoptó en 2004. Sin embargo, el proceso de elección de emplazamiento no comenzó hasta que julio de 2006 aunque se fue posponiendo hasta 2009, cuando el entonces ministro de Industria Miguel Sebastián, abrió el concurso de presentación de municipios candidatos a albergarlo. La legislatura terminó a finales de 2011 sin que el Consejo de Ministros tomara una decisión respecto al emplazamiento definitivo por falta de acuerdos dentro del Gobierno y con las comunidades autónomas.

El siguiente Ejecutivo, con José Manuel Soria como titular en la cartera de Industria, acordó en el último Consejo de Ministros del año que el silo atómico se ubicara en el municipio conquense que, sin embargo, no partía como pueblo favorito en las quinielas. Ecologistas en Acción valoró la semana pasada "muy negativamente los últimos movimientos en Enresa" y advirtió de que ya estaba estudiando posibles acciones legales que tomaría si la adjudicación de las obras del ATC se tomara sin el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear, al considerar que "podría ser ilegal".

A su juicio, la "cadena de ceses" en la empresa pública apuntaba a una "adjudicación de obra precipitada y previa a las elecciones". "Dos ceses en Enresa son claro indicio de tensiones en el seno de la empresa pública", añadió. Según Ecologistas en Acción, los cesados, el director de administración y el responsable jurídico, habían indicado "presiones para acelerar" el proceso de adjudicación de la construcción del silo.