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La Ertzaintza impide la marcha 'abertzale' prohibida en San SebastiánDeclaran ante el juez los cinco imputados en el Palma Arena

  • Al menos dos detenidos entre el millar de proetarras que intentaron reventar el inicio de la Semana Grande donostiarraEntre las personas puestas a disposición judicial está el portavoz del PP en el Consistorio

La Policía autónoma vasca se empleó a fondo para impedir el inicio de la manifestación convocada por la izquierda abertzale en San Sebastián, prohibida por el departamento de Interior del Gobierno Vasco y el juez Baltasar Garzón, y posteriormente cargó contra los manifestantes en la parte vieja y la zona del Boulevard de la capital donostiarra. Los manifestantes intentaron iniciar la manifestación sin pancartas, pero con carteles en los que se podía leer en euskera "Stop al estado de excepción".

Interior entiende, según una nota de prensa, que la manifestación "había sido convocada para servir como soporte a organizaciones ilegalizadas que pretenden utilizar las fiestas de nuestras ciudades y pueblos para defender los postulados del mundo del entorno de ETA", por lo que había decretado su prohibición.

Minutos después de las seis y media de la tarde, más de un millar de personas se concentraron en el Boulevard donostiarra, donde se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por unos trece furgones antidisturbios de la Ertzaintza.

Los manifestantes iniciaron la marcha colocándose detrás de la tamborrada que se dirigía desde el Boulevard hasta el Ayuntamiento de la capital para asistir al cañonazo que da inicio a las fiestas de la Aste Nagusia donostiarra. Muchos de ellos llevaban ikurriñas con crespones negros y pequeños carteles con el lema de la marcha prohibida.

En ese momento, los agentes de la Policía vasca se acercaron a los manifestantes e impidieron que continuaran avanzando hacia la Casa Consistorial. Además, les arrebataron algunos de los carteles que portaban y desplegaron un cordón policial por toda la zona.

Posteriormente, se vivieron momentos de tensión cuando muchas de las personas que pretendían tomar parte en la marcha se trasladaron a la colindante parte vieja, donde se registraron enfrentamientos con la Ertzaintza. En el marco de estos hechos se produjo la detención de al menos dos personas.

La izquierda abertzale llamó a la participación en esta marcha, que se convocó en sustitución de la que tenían previsto celebrar coincidiendo con el inicio de la Semana Grande donostiarra, bajo el lema Independentziaren bidean. Aldaketa politiko+soziala (En el camino de la independencia. Por el cambio político y social), y que fue prohibida también por Interior y después desconvocada.

A pesar de la prohibición y de la advertencia realizada por el Departamento vasco de Interior, la izquierda abertzale reiteró su llamamiento a manifestarse a "toda la ciudadanía" en el Boulevard donostiarra, a partir de las 18.30 horas de ayer.

Las cinco personas que todavía continúan detenidos en el marco de la Operación Espada, por su presunta vinculación con una supuesta trama de corrupción en el velódromo Palma Arena, pasaron ayer a disposición judicial para declarar ante el juez que instruye el caso, José Castro.

Los detenidos son el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés; el ex director general de Deportes del Govern, Pepote Ballester; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el director general de la UTE que construyó el pabellón deportivo.

Todos fueron trasladados en una furgoneta de la Policía Nacional, a las 8:50, hasta los juzgados de Vía Alemania de la capital balear, esposados y con aspecto demacrado después de pasar tres días completos -el tiempo máximo permitido- en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, en la calle Ruiz de Alda.

Junto a los detenidos, la Policía trasladó en otra furgoneta numerosas cajas llenas de documentación referente al caso.

A las diez de la mañana los detenidos comenzaron a prestar declaración ante el juez Castro en una jornada maratoniana que aún no había concluido al cierre de esta edición.

Los otros tres arrestados en el caso -el ingeniero Miguel Ángel Verger; el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, y el arquitecto Ignacio A. S.- ya fueron puestos en libertad. En el caso de Antoni Palerm, está en libertad con cargos porque se le acusa de negociaciones prohibidas.

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