La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que se acoge a su derecho de declarar por escrito como testigo en el caso Gürtel para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama liderada por Francisco Correa. En una providencia, el juez ha dado a la Fiscalía y a las demás partes personadas en la causa un plazo de tres días para presentar en el juzgado las preguntas que quieran hacer a la testigo, que serán revisadas por el magistrado y enviadas luego a Aguirre para su contestación.

El pasado jueves, Ruz le dio a Aguirre la opción de declarar por escrito o de acudir en persona, dado que los hechos investigados ocurrieron cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid y de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Esperanza Aguirre se ha acogido finalmente al artículo 412.4 de la ley procesal penal, que estable que los ex presidentes de las Comunidades Autónomas están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito, "sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo". Antes de conocerse la resolución judicial, Aguirre ha dicho a los periodistas que dirá al juez todo lo que sabe y toda la verdad.

El juez del caso Gürtel ha considerado, tal y como pidió la acusación ejercida por el PSOE, que debía citar a Aguirre para confirmar las manifestaciones que realizó ante distintos medios de comunicación y que se refieren a la prohibición que habría efectuado a Alberto López Viejo (ex consejero regional imputado en la causa) de contratar con Easy Concept. La Fiscalía se opuso a esta citación, pero el juez ha considerado que la declaración de la ex presidenta madrileña resulta "necesaria, útil e idónea", aunque de las diligencias practicadas hasta ahora no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por su parte "en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid".

En el auto de la semana pasada, el juez Ruz afirmaba que con la citación de la ex presidenta se podría "incidir en la supuesta instrucción o indicación que el imputado López Viejo habría recibido por parte de la señora Aguirre de prohibición de contratación de actos y eventos con la mercantil Easy Concept". Según sostiene Ruz, el ex viceconsejero de Presidencia López Viejo habría recibido "cuantiosos pagos" del entorno de Correa "como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid".

El también ex consejero de Deportes -imputado por prevaricación, cohecho, malversación y delito fiscal- habría conocido las prácticas que se hacían en el gobierno regional para fraccionar los contratos y amañar concursos con la concurrencia de diferencias empresas vinculadas todas a Correa, a cambio de comisiones de entre el 5 y el 11,5 por ciento. El juez sostiene que López Viejo intermedió para contratar "no de forma directa con sociedades vinculadas a la organización de Francisco Correa, sino a través de sociedades pantalla o velo, para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios".

El magistrado recuerda que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) constata la existencia en Madrid "de un operativo de contratación pública llevado a cabo por diferentes entidades y consejerías que se habría apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia". Según el informe, la Comunidad llegó a fraccionar 104 contratos de hasta 12.000 euros, por un total de 3,1 millones, para evitar su publicidad, y luego las empresas de Correa emitían facturas por importe inferior al dinero que recibían del gobierno regional, cuya diferencia "era el beneficio que se obtenía por sus servicios de intermediación".