El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer, por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, la directiva que armoniza los procedimientos de repatriación de los inmigrantes. Su apartado más polémico es el que permite a los estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión, incluidos los menores, en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses. También prohíbe volver a la UE durante cinco años a cualquier inmigrante que haya sido expulsado de un Estado miembro.

El visto bueno de la Eurocámara supone el punto y final de la tramitación política de la norma, ya que los ministros de Interior de los Veintisiete la aprobaron el pasado 5 de junio. Una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la UE, los estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones nacionales. Además, tendrán un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes inmersos en un procedimiento de expulsión.

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. En estos momentos, nueve países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes. Estos estados miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si el inmigrante se niega a cooperar o hay demoras en la obtención de la documentación que deban expedir terceros países. A España no le afectaría este límite porque su periodo máximo de retención es de 40 días y la directiva de retorno no le obliga a ampliarlo, aunque el Gobierno ha anunciado que pretende hacerlo.

En los casos en que un número "excepcionalmente importante" de inmigrantes ilegales plantee una carga imprevista para la capacidad de las instalaciones de internamiento de un Estado miembro o para su personal, dicho país podrá decidir conceder periodos más largos para el control judicial y rebajar las condiciones de internamiento. Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE cierren acuerdos de repatriación.

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría ese veto. Cada inmigrante puede dejar el país voluntariamente. Los estados deberán fijar un plazo de entre siete y 30 días.

La directiva afecta a familias y menores no acompañados, aunque se prevén garantías como la posibilidad de repatriar a los menores si sus familias o un centro de acogida se ocupan de ellos a su llegada. Los niños y las familias con menores "sólo serán internados como último recurso y ello por el menor tiempo posible".