Juicio del procés

La Fiscalía quiere impedir que el 'Govern' deje en semilibertad a los condenados del 1-O

  • El Ministerio Público mantiene la acusación  de rebelión y la Abogacía del Estado la de sedición

  • Pide 25 años de cárcel para Junqueras y 17 para Forcadell y los Jordis

Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo este miércoles. Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo este miércoles.

Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo este miércoles. / EFE / Supremo

El juicio del procés encara su recta final y la Fiscalía y la Abogacía del Estado han mantenido sus respectivas acusaciones de rebelión y sedición contra los líderes soberanistas. 

La Fiscalía considera que a lo largo de las 50 sesiones del juicio se ha corroborado la existencia de la violencia, de manera que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y los Jordis.

Además, el Ministerio Público ha pedido que, en caso de que los acusados sean condenados a más de cinco años, no se les pueda otorgar el tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena, una solicitud contemplada para delitos muy graves. El resto de acusaciones no se ha sumado a la petición fiscal.

Según la Fiscalía, al cabo de tres mese y medio de juicio, no hay duda de que el procés fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).

Tan solo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que establece que "cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta".

Se trata de una cláusula de estilo que se suele poner habitualmente para que el juzgado de vigilancia penitenciaria no conceda el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, es decir, para que no aplique beneficios antes de tiempo.

Cumplirían condena en Cataluña

La clave está en que serviría de cordón sanitario contra una hipotética intervención de la Generalitat para excarcelarlos de las prisiones de Cataluña, donde previsiblemente cumplirán la pena en caso de ser condenados, al tener competencias en materia penitenciaria.

Mantiene así los 25 años de prisión para Junqueras; 17 años para los Jordis y la exp residenta del Parlament Carme Forcadell; 16 años para cada uno de los cinco ex consellers presos: Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; mientras que para los otros tres ex consellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- solicita 7 años de prisión.

Se daba por hecho que la Fiscalía iba a apostar hasta el final por la rebelión como así ha sido y que la sedición no fue una figura penal que contemplarán los cuatro fiscales del caso, quienes entienden que el juicio lejos de cuestionar sus tesis lo que ha hecho no es sino corroborar su acusación contra la cúpula del procés.

Tanto es así que para reforzar su acusación de rebelión, la Fiscalía ha añadido en su escrito la mención al clima "claramente insurrecional" que se vivió del 19 de septiembre al 27 de octubre.

Además, ha dado credibilidad a la versión de la Prefectura de los Mossos al añadir en su escrito que, en su reunión con Carles Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn del 28 de septiembre de 2017, advirtieron al Govern de que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas" si "la enorme movilización de personas" se enfrentaba a los agentes y pidieron desconvocar el 1-O.

La Abogacía del Estado se ha reafirmado en su acusación por sedición para la cúpula del procés No se altera tampoco su petición de 11 años y medio para los ex consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación, ni la de siete años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.

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