El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que su departamento estudiará medidas que permitan avanzar en la agilización de los procedimientos judiciales, como sería la supresión de la inhabilitación del mes de agosto para la tramitación de causas. El objetivo es fomentar la seguridad jurídica como factor de competitividad frente a la actual situación de crisis.

Ruiz-Gallardón realizó este anuncio durante el acto de toma de posesión de su equipo en el Ministerio, en el que han jurado sus cargos el nuevo secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García; el subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera y la directora del Gabinete del ministro.

Gallardón anunció que aunque la importancia de los recursos es determinante en la administración de Justicia, no hay que olvidar que lo esencial es la gestión. "Ésta va a ser la legislatura de la gestión, en la que las dificultades presupuestarias van a encontrar su mejor aprovechamiento", indicó Ruiz-Gallardón, para añadir que no pondrá la actual situación económica como pretexto para alcanzar sus objetivos.

Dichos objetivos son, para Ruiz-Gallardón, la aplicación uniforme de las nuevas tecnologías y la reducción del número de procedimientos judiciales, que en 2010 fueron más de nueve millones para una población de 46 millones de españoles cuando países como Francia, con 65 millones de habitantes, no supera los seis millones de procedimientos.

En este sentido, señaló que deben "modificarse costumbres que no son compatibles con una cultura competitiva", como es la inhabilitación procesal del mes de agosto "que tenía sentido por razones históricas" y que es algo que hay que revisar para avanzar en la agilización de los procesos.

Además, indicó que la seguridad jurídica es un factor de competitividad de nuestra nación, y que "cuando la crisis es prioridad para cualquier departamento de un gobierno y el paro castiga la vida de millones de ciudadanos de un país, no podemos seguir reteniendo miles de millones de euros (en procedimientos judiciales) que deberían estar destinados a la productividad y a la inversión".

Los jueces se han mostrado de acuerdo, en principio, con el anuncio hecho por el ministro de Justicia. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, señaló que lo anunciado por el ministro es una idea ya expresada por los miembros de su grupo, así como la de celebrar vistas por las tardes, pero que para ello es necesario un concierto con el Consejo General de la Abogacía para que los letrados coordinen las vistas con la atención a sus bufetes.

Llarena señaló que haría falta incrementar la plantilla de jueces, ya que España tiene uno de los ratios más bajos en cuanto al número de jueces por habitantes, y que, además, en este momento lo que hay que hacer es "un esfuerzo por disminuir el número de procedimientos entrantes".

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, también se mostró partidario, en principio, de abrir la posibilidad a que los juicios no se interrumpan en agosto.

Sin embargo, ha resaltado las repercusiones prácticas que esa decisión pueden tener, ya que agosto es un mes de vacaciones para abogados, testigos y otros particulares que no acudirían por ello a una vista y se tendría que suspender el juicio. "Es una medida que no tiene muchas ventajas y va en la línea que intenta implantar el nuevo Gobierno", reflexionó Ramírez, quien ha añadido que se quieren "solucionar los problemas de la Justicia con un coste cero pero sin profundizar en los problemas estructurales".