La Generalitat, que ejerce la acusación particular en el caso Pallerols, se ha desmarcado de la Fiscalía al no reclamar a UDC el dinero malversado que presuntamente se embolsó a través de la trama de financiación irregular, aunque pide para los implicados penas de hasta ocho años y medio de cárcel.

En su escrito de acusación provisional, la Generalitat respalda la tesis de la Fiscalía de que el conglomerado de empresas de Fidel Pallerols recibió entre 1994 y 1999 varios millones de euros en subvenciones del Departamento de Trabajo, controlado en esa época por Unió, con el compromiso de entregar luego un 10% de esos fondos para la financiación del partido. Por ese motivo, el Ministerio Público considera en su calificación provisional que UDC fue "partícipe a título lucrativo" de la trama, por lo que reclama que se declare a la formación responsable civil de la malversación y pague un total de 197.000 euros, correspondientes al dinero que recibió en material para sus sedes y en nóminas para algunos de sus empleados.

Pese a admitir que UDC recibió del grupo Pallerols más de 660.000 euros entre 1994 y 1999, la Generalitat, no obstante, se ha desmarcado de la Fiscalía y en su petición exonera a la formación democristiana de cualquier responsabilidad económica.