El Gobierno empieza a dar pasos concretos para la reforma de la legislación sobre Extranjería en la línea de la nueva directiva europea sobre Retorno que amplia los plazos de retención a la espera de repatriación para los irregulares. Por un lado, el periodo de retención máximo actual de 40 días se ampliará a 60, porque en ocasiones, resulta insuficiente, según ha reconocido la vicepresidenta De la Vega. Por otro lado, tal y como propone el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se restringirá el derecho a la reagrupación familiar del inmigrante legal únicamente a su cónyuge y a los hijos menores de edad. 

Tras celebrar la reunión inaugural de la Comisión Delegada para Política de Inmigración, la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, anunció que el Grupo Socialista reactivará la Subcomisión sobre la Política de Inmigración del Congreso de los Diputados para que, después de verano, comience a debatir una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería hasta "adoptar una decisión" que cuente con "el máximo consenso social y político posible". El objetivo es que los diputados comiencen a trabajar en la modificación del texto en septiembre, para que el redactado final pueda ser sometido a votación en el Parlamento "antes de que acabe el año" y la reforma entre en vigor en 2009. 

Si sale adelante la propuesta del Ejecutivo, el nuevo texto incluirá una ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo de retención de inmigrantes en espera de repatriación, no por la aplicación de la recién aprobada Directiva europea de Retorno, que marca plazos de hasta 18 meses, sino porque según De la Vega, el periodo máximo actual "en ocasiones, resulta escaso" para efectuar los trámites de repatriación.

En paralelo, el Gobierno introducirá las modificaciones anunciadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para restringir el derecho de reagrupamiento de los extranjeros al núcleo familiar, es decir, el matrimonio y los hijos menores de edad. Según De la Vega, adoptar esta decisión es la vía para "poder seguir asegurando" a todos los ciudadanos "la protección del Estado".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el propio Corbacho recordó que España ha pasado de los dos millones a los cuatro millones de inmigrantes en cuatro años, por lo que la situación económica "también ha cambiado", y pueden darse desequilibrios que pueden extenderse también al sistema asistencial y sanitario. "Si usted reagrupa a sus padres y a sus suegros, y además ellos, tras un tiempo, tienen también derecho a reagrupar, la población que se incorpora es pasiva y no activa, en un país donde el envejecimiento ya es muy importante", puntualizó.

De otra parte, la reforma de la Ley de Extranjería pasará por incorporar "derechos fundamentales" de los extranjeros como el de asociación y sindicación, por orden de una sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, servirá para efectuar la transposición de "algunas directivas" europeas, como la conocida como "De larga duración", sobre los inmigrantes con residencia permanente en territorio comunitario. 

Además de esta reforma, la vicepresidenta abordó otras cuestiones relativas al fenómeno de la inmigración que están "en la agenda" de Gobierno, como la propuesta de Corbacho para incentivar, mediante la capitalización del desempleo, el retorno de los extranjeros que se queden en paro en España, que analizará mañana el Consejo de Ministros y se discutirá en la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para el próximo 9 de julio.

Por lo demás, De la Vega incidió en que el Gobierno continuará apostando por "la inmigración legal, ordenada, integrada y ligada al mercado laboral" mediante la vigilancia de las fronteras en colaboración con el Frontex, "repatriando a quienes intentan o consiguen entrar en nuestro país ilegalmente", apostando por la política común europea en materia de inmigración e impulsando la cooperación con los países de origen.