Estado de alarma

El Gobierno defiende que el confinamiento "salvó vidas"

Control de la Policía Nacional durante el estado de alarma.

Control de la Policía Nacional durante el estado de alarma. / Antonio Pizarro

El Gobierno sigue defendiendo que el confinamiento "salvó vidas" después del fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el segundo estado de alarma y el modelo de cogobernanza, una decisión que no acaban de entender varios barones autonómicos, pero que ha servido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para tachar al Ejecutivo como "el más autoritario desde la dictadura".

El Pleno del tribunal de garantías ha estimado el recurso de amparo de Vox, lo que supone un nuevo varapalo a la estrategia jurídica del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia.

Además de considerar un "plazo excesivo" la prórroga de seis meses del primer estado de alarma, el otro motivo que ha justificado la estimación del recurso es la denominada cogobernanza con las comunidades autónomas a la hora de acordar limitaciones de derechos fundamentales que, de acuerdo al criterio del tribunal, no correspondía adoptar a las autonomías.

"Teníamos razón, otra vez la justicia nos lo vuelve a decir y, por eso insisto, estamos ante el gobierno más autoritario que hemos conocido en democracia. Desde la dictadura no habíamos vivido algo igual y no podemos acostumbrarnos a esto", ha expresado la presidenta madrileña.

Desde el Ejecutivo, su portavoz, Isabel Rodríguez, ha dicho que éste "adoptó las mejores decisiones" y con el confinamiento "salvó vidas", a la vez que ha recordado que "falta conocer al completo" la sentencia y ha añadido que "está claro que no hay un debate jurídico nítido, puesto que ha habido cuatro votos particulares que defendían otra posición".

"Más allá de debates jurídicos", y siendo una decisión que el Gobierno "acata, como no puede ser de otra manera", Rodríguez ha subrayado que el Ejecutivo tuvo que "abordar algo inédito y desconocido".

También la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la actuación del Gobierno y ha dicho no compartir la decisión del TC. A su juicio, el Ejecutivo hizo "lo que tenía que hacer", en un escenario del que no había precedentes jurídicos y dentro de los parámetros constitucionales.

En la misma línea, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que el estado de alarma ha sido "un instrumento absolutamente útil para salvar miles de vidas" y empleos.

Juanma Moreno

En desacuerdo se ha mostrado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha criticado la "chapuza normativa" en la que cree que se ha instalado el Gobierno de Pedro Sánchez y ha opinado que la sentencia del Tribunal Constitucional deja ver "un problema muy serio" por el que "alguien de ese Gobierno debería pensar en renunciar".

El jefe del Ejecutivo andaluz ha indicado que "es evidente que en la pandemia había que hacer cosas, pero lo único que no se podía hacer es una chapuza normativa" y ha lamentado que "sentencia tras sentencia" se ve cómo el Supremo y el Constitucional "van tumbando todas las decisiones que ha ido adoptando el Gobierno de Sánchez".

De "ataque" al estado autonómico ha calificado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la decisión del TC, que le ha dejado "totalmente sorprendido", según ha dicho.

En declaraciones a los periodistas, Barbón ha señalado que, a falta de analizarlo en profundidad, acata "como no puede ser de otra manera" el fallo, si bien no comparte sus argumentos al "atacar" al Estado autonómico cuando se "niega" a los presidentes regionales "la capacidad de intervenir en lo que son competencias concurrentes".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha preferido no hacer comentarios sobre el tema y ha manifestado su respeto a las decisiones de los tribunales, a la vez que ha defendido que los gobiernos procuran tomar medidas "acordes a la magnitud de los problemas".

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha explicado que hay que esperar a conocer la totalidad de la sentencia para determinar qué hacer con las multas impuestas y abonadas en ese periodo. "Es un poco imprudente hacer una declaración tan anticipada, tan prematura, sin conocer los argumentos de la sentencia", ha afirmado Erkoreka.

Unas declaraciones que llegan después de que ayer el lehendakari, Íñigo Urkullu, se mostrara "perplejo" por la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma, asunto sobre el que María Civite, presidenta de Navarra, afirmó: "es desalentador".

Para Ciudadanos, que votó a favor del segundo estado de alarma de seis meses, el confinamiento fue imprescindible para salvar vidas pero "el Gobierno eligió mal la herramienta jurídica" para llevarlo a cabo, ha asegurado su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal.

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