El Gobierno dio ayer el primer paso en la reforma de la Administración Local con la revisión de un informe de la futura ley de racionalización y sostenibilidad, cuyo anteproyecto será aprobado por el Consejo de Ministros durante este mes.

Esta norma persigue clarificar las competencias y la estructura administrativa de las entidades locales, según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presentó ante el Consejo el informe sobre esta norma, que servirá para iniciar la reforma de la Administración anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su discurso de investidura.

La vicepresidenta recordó que esta reforma se verá reforzada también con la Ley de Transparencia, que establecerá que los Presupuestos Generales del Estado fijen los baremos de los sueldos de alcaldes y concejales, como sucede con los del presidente, los ministros y otros miembros de instituciones públicas.

La vicepresidenta no cifró el ahorro que se conseguirá con esta ley, aunque precisó que el anteproyecto incluirá la correspondiente memoria económica.

En el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado marzo, el Ejecutivo calculaba ahorrar 3.500 millones de euros gracias a la ordenación de las "competencias impropias" y la agrupación de municipios.

La reforma no implicará la eliminación de ayuntamientos, pero sí la supresión de todas las mancomunidades, al considerarlas unas entidades "opacas".