El juez de Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro rechazó ayer, por extemporánea y por intentos de dilación, la recusación planteada por el considerado número dos de la trama de Gürtel, Pablo Crespo, para que se apartara del juicio a uno de los tres magistrados que debe juzgar el caso, José Ricardo de Prada.

En un auto notificado ayer, Martínez Lázaro, que rechazó la recusación con el apoyo de Fiscalía, asegura que las pretensiones de apartar a De Prada alegando su amistad con el ex juez Baltasar Garzón (primer instructor de Gürtel), con el que dice no se aportan pruebas de esa supuesta estrecha relación, "carecen de toda entidad" y tienen intención de retrasar el inicio de la vista oral.

Salvado este escollo, el juicio de la primera época de la Gürtel, que se celebrará en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) siete años después de que los principales responsables fueran detenidos por el juez Baltasar Garzón -que comenzó a instruir la causa-, será uno de los más mediáticos de este año, debido a que se analizará en profundidad los primeros años de una de las mayores trama de corrupción de España que ha marcado la agenda política. La sesión inicial coincidirá con la declaración de ex altos directivos de Caja Madrid, como el ex presidente de la entidad Rodrigo Rato, por la utilización de las tarjetas black, cuya vista comenzó el pasado 26 de septiembre.

Los magistrados que componen el tribunal (Ángel Hurtado -presidente y ponente-, José Ricardo de Prada y Julio de Diego) juzgarán las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda de Crespo. Organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas y ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía.

Estas actividades se llevaron a cabo en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el Ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Por ello, el juez Pablo Ruz, decidió dividir la pieza en diversos apartados, que coinciden con estas administraciones más una introducción -subdividiendo la relativa a Madrid en Municipio y Comunidad de Madrid- para enmarcar las actividades que se llevaron a cabo durante esos seis años y quiénes intervinieron en cada uno de ellos.

Precisamente, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, explicó en el auto con el que dio por concluida la instrucción que la trama empleó los contactos en estas administraciones para obtener "adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pago a proveedores a través de un sistema de facturación falsa".

En total, 37 personas -políticos, empresarios, trabajadores de Correa y familiares de éstos- se sentarán desde hoy en el banquillo acusados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa procesal, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han solicitado la mayor pena de prisión para Francisco Correa, un total de 125 años y un mes de prisión por considerarlo líder de la trama. Una semana antes del comienzo del juicio, el empresario, con el objetivo de rebajar su pena, solicitó al tribunal poder acceder a una de las cuentas bloqueadas que tiene en Suiza para pagar más de dos millones de euros que le exige Anticorrupción como responsabilidad civil.

La segunda mayor pena que pide la Fiscalía, 85 años y 6 meses de cárcel, es la correspondiente al número dos de la trama y ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

En cuanto al ex tesorero popular Luis Bárcenas, las fiscales solicitan 42 años y 6 meses de prisión.

Entre los acusados se encuentra el ex miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del PP de Madrid, Alberto López Viejo, para quien piden 46 años de cárcel, y el denunciante del caso y ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas -que aportó 80 horas de grabaciones de conversaciones con Correa y otros acusados-, para el que se solicita 6 años y 5 meses de prisión.

El juicio empezará con la fase de cuestiones previas, en la que algunos de los 37 acusados expondrán la nulidad de las pruebas contra ellos.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, Bárcenas pedirá la nulidad de las grabaciones hechas por el delator de Gürtel, José Luis Peñas (también acusado), a Correa, por considerarlas ilegales.

También plantearán esa nulidad de las escuchas en la cárcel entre imputados y letrados que ordenó Garzón y que le supusieron su inhabilitación por el Tribunal Supremo.