1.800.000 euros es la fianza que deberá pagar el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, por hacer frente a las responsabilidades pecuniarias en el caso de ser condenado por el caso Gürtel. Esta cifra, la más alta impuesta en toda la investigación, es el triple de lo que el instructor considera que el ex edil ha recibido ilegalmente por parte de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa.

Además, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, le ha imputado por los seis delitos genéricos del proceso. Se trata de cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, falsedad, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El magistrado adoptó esta decisión después de que González Panero se negara a declarar y a explicar su vinculación con Correa tras 35 minutos de comparecencia. El ex edil es el primero de una lista de alcaldes madrileños que serán citados como imputados por su relación con esta trama de corrupción en torno al PP.

González Panero, el Albondiguilla como le llama Correa, según unas grabaciones recogidas en el sumario, es la segunda vez que se niega a declarar ante el juez. En la primera ocasión, cuando el instructor era todavía Baltasar Garzón, alegó que no iba a responder a las preguntas del juez porque él no era el competente para encargarse de ese tipo de asuntos. En ese momento, que coincidió con su dimisión en el cargo, aseguró a los medios que cuando Garzón se deshiciera de la causa y la enviara al TSJM, él contestaría a las preguntas que el juez le tuviera que hacer.

Sin embargo, ayer se escudó en otra variable para no ser interrogado. No va a hablar hasta que no se levante el secreto de sumario y conozca de qué se le acusa. Esta línea de defensa es la misma que han empleado todos los cargos del PP que ya han pasado ante el magistrado.

Según las investigaciones, el ex edil adjudicó 32 locales comerciales y 180 plazas de aparcamiento a la empresa de José Ramón Blanco, Rústicas MBS, y firmó el arrendamiento de uno de esos locales cedido a la constructora en nombre del ayuntamiento para instalar la comisaría, por un valor de 140.000 euros cuando el valor estipulado de mercado es de 1.700 euros al mes de alquiler, según la investigación.

De la documentación incautada también se pudo saber que el 18 de abril de 2002 Panero viajó con Correa a Miami, con ellos iba también el entonces concejal José Galeote. Y se unió Francisco Sánchez, que se convertiría en edil de Sanidad e Higiene de Boadilla en 2007. Éste asegura que el alcalde alardeaba de "comprar en Miami y tener muchas propiedades". En julio de 2003 Panero volvió a repetir viaje con Correa. Cuando se destapó la trama, la Policía requirió documentos en el Ayuntamiento sobre su relación con las empresas Easy Concept, Pasadena Viajes y Servimadrid Integral, vinculadas a la trama de corrupción. Boadilla contrató a la primera para gestionar la Oficina de Atención al Ciudadano y paga por ello 506.000 euros anuales.