El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha citado a declarar en calidad de imputados a ocho agentes de la Guardia Civil, por los supuestos golpes propinados a un inmigrante subsahariano durante un salto a la valla el pasado 15 de octubre. Según el auto firmado por el juez Emilio Lamo de Espinosa se cita a declarar a los agentes -un comandante, un teniente y seis guardias civiles- con objeto de determinar si el empleo de la fuerza "fue o no contrario a derecho".

La imputación se sustenta en un vídeo grabado por la ONG Prodein el pasado 15 de octubre, en el que se aprecia cómo un inmigrante es "rodeado y golpeado" por un grupo de guardias civiles, que emplean sus defensas. Para el juez, es necesario determinar si el empleo de la fuerza fue acorde a lo permitido por la ley, ya que, resalta también el auto, en una grabación aportada por la Guardia Civil también se aprecia cómo el inmigrante "parece empuñar un garfio" en la mano derecha.

La intención de Lamo de Espinosa, según apunta, también es la de determinar si alguno de los subsaharianos que saltaron el pasado 15 de octubre la valla pudo haber cometido algún delito de atentado a agentes de la autoridad, motivo por el que, según apunta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota, se ha hecho ofrecimiento de acciones a la Abogacía del Estado. El vídeo presentado por la ONG muestra, además, que varios agentes trasladan en volandas al inmigrante, un joven de origen camerunés, para entregarlo a las autoridades marroquíes.

Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 2, que se iniciaron en agosto de 2014 tras la presentación de una querella interpuesta por varias ONG tienen, asimismo, por objeto determinar si la práctica de entregar inmigrantes a las autoridades marroquíes puede ser constitutiva de infracción penal. El punto de partida de dicha querella fue la actuación de la Guardia Civil en otros dos saltos a la valla ocurridos los días 18 de junio y 13 de agosto de 2014.

Hasta la citación de los ocho agentes, el único imputado en el procedimiento era el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, que compareció en sede judicial el pasado mes de octubre por un presunto delito de prevaricación. La causa se instruye por la presunta comisión de los delitos de lesiones, trato degradante, coacciones, contra los derechos individuales, contra el deber de impedir la comisión de un delito y omisión del deber de socorro. Según recuerda el TSJA, esta calificación tiene un valor "meramente provisional y no vinculado a las partes personadas".

Entre los ocho agentes citados, que son los que han sido reconocidos en el vídeo de Prodein, hay miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, así como de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), que participaron en el despliegue, según fuentes judiciales. Hasta el momento se han presentado dos recursos de apelación, ambos contra el auto en el que se acordó desestimar la petición de sobreseimiento provisional y ordenando la continuación del procedimiento. Los recursos han sido presentados uno por el Ministerio Fiscal y otro por la Abogacía del Estado, recursos a los que se han opuesto las acusaciones populares personadas y que han sido elevados a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla.