El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que entre otras novedades, castigará como falta muy grave el acoso psicológico en el ámbito laboral, así como la discriminación por razón de sexo u orientación sexual.

Además de las nuevas infracciones, se modifica el catálogo de sanciones, de forma que se fija en tres meses el límite máximo de la sanción de suspensión de funciones por infracción grave y se mantiene en seis años la cuantía máxima de esta sanción para las infracciones muy graves.

El nuevo reglamento actualiza el catálogo de infracciones y sanciones, refuerza el sistema de garantías para los funcionarios de este Cuerpo y suprime aquellas conductas infractoras que, por su ambigüedad o indefinición, resultaban difícilmente aplicables. Así, si un policía es condenado por un delito doloso sólo se considerará como infracción muy grave cuando la conducta esté relacionada con la función policial. Desaparece además la referencia al deber de sigilo, debido a su ambigüedad y se sustituye por la alusión al secreto profesional.

Se precisan también las infracciones en materia de consumo de drogas y alcohol de tal manera que será infracción muy grave prestar servicio bajo su influencia o negarse a someterse a las pruebas para su detección, y se añade como conducta la utilización ilegítima de sistemas de videograbación.

La sanción de traslado con cambio de residencia sólo podrá aplicarse en las infracciones muy graves dada su dureza para el funcionario, y se suprime la sanción de inmovilización en el escalafón.

Por último, el ministro del Interior se reserva la potestad para sancionar a un agente con la separación del servicio, al tiempo que se reconoce el derecho del expedientado a ser asistido por un letrado o por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía licenciado en Derecho.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que este proyecto continúa la línea de "modernización" de las Fuerzas de Seguridad del Estado emprendida por el Gobierno en la anterior legislatura. Modernización con la que el Ejecutivo está "decididamente comprometido" y en la que se han conseguido "importantes avances", tanto desde el punto de vista retributivo, como en la mejora de las condiciones de seguridad y trabajo para los agentes, ha remarcado.