El cambio de legislatura no ha llevado ni el sosiego ni la renovación al Tribunal Constitucional (TC). El último incidente ha puesto a su presidenta, María Emilia Casas, a los pies de los caballos tras considerar un juez que podría haber cometido, en el transcurso de una conversación telefónica, un presunto delito de "actos prohibidos" al "realizar aparentemente asesoramiento" a una abogada que fue detenida y encarcelada como presunta inductora del asesinato de su marido un año después del diálogo entra ambas.

Desde que estalló el caso, representantes de todas las asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces por la Democracia (JPD) y Francisco de Victoria (FdV)- y el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rechazaron que la presidenta del TC hubiera cometido delito, aunque todos coincidían en que debía dar algún tipo de explicación.

Probablemente, Casas, que estos días ha estado de viaje oficial en Lituania, haya estado esperando el fallo del Supremo para reaccionar. El Alto Tribunal decidió el jueves pasado archivar el caso al estimar que el diálogo que mantuvo con la abogada se ajustaba "a los módulos de adecuación social generalmente admitidos". A su juicio, adoptado por unanimidad, la conversación telefónica no contiene los elementos que definen "la verdadera acción de asesoramiento", ya que "no todo consejo emanado de una autoridad o funcionario puede reputarse delictivo". Para el TS, ni siquiera resulta delictivo que Casas le aconsejara a la abogada que "si alguna vez va en amparo, pues ya me vuelve a llamar", toda vez que previamente le facilitó el teléfono de dos abogadas especializadas en temas de defensa de la mujer para que realizaran labor de asesoramiento.

Es de suponer que Casas podrá ahora dar las oportunas explicaciones y acabará reconociendo que quizás su feminismo militante -nada reprochable, por otro lado- le llevó a cometer la imprudencia de mantener una conversación telefónica con una persona a la que no conocía y encontrarse que detrás de unos presuntos malos tratos, tal como le apuntó la conocida que les puso en contacto, se escondía un presunto asesinato por encargo. En cualquier caso, ella será finalmente la que tenga que decidir si debe responder por su imprudencia con una renuncia al cargo.

Pero poco o nada ayuda para una decisión en este sentido el clima político de crisis permanente en el que se ha visto inmerso el TC en los últimos años, y que en la actualidad está pendiente de la renovación de cuatro de magistrados, entre ellos la propia presidenta, y la sustitución de Roberto García-Calvo, fallecido recientemente de muerte natural.

Los recursos de inconstitucionalidad del PP sobre gran parte del cuerpo legislativo aprobado por las Cortes la pasada legislatura, esperando que una eventual mayoría conservadora -hasta la muerte de García-Calvo- tumbara al Gobierno con alguna sentencia ejemplar, y los intentos de éste por cambiar el signo de la mayoría por temor a una sentencia estimatoria de los recursos contra el Estatut catalán, principalmente, han provocado una crisis institucional en el más alto tribunal español.

Según coinciden muchos juristas, de ella sólo puede salir, de entrada, renovando a los cuatro magistrados que constitucionalmente están fuera de plazo y sustituyendo al fallecido con criterios menos partidistas, erradicando definitivamente el peligro que supone que el ministro de Justicia de turno o el portavoz del Justicia de éste o aquel partido sea el inspirador de la doctrina del TC.

Durante la pasada legislatura Federico Trillo o Ignacio Astarloa, del PP, ejercieron una influencia muy importante sobre algunos de los magistrados conservadores mientras la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, se ha permitido el lujo de lanzar en público algún que otro reproche a la mismísima presidenta del TC, de tendencia progresista. Sobre el Estatut, filtraciones directas del TC apuntaban a una sentencia estimatoria y no interpretativa gracias a la mayoría conservadora, más próxima al PP. Ahora, el sentido ha cambiado, una vez que los progresistas, afines al Gobierno y al PSOE han recuperado el control que perdieron por la recusación del magistrado Pablo Pérez-Tremps.

Los partidos políticos deben asumir que el trabajo legislador que les corresponde no puede estar continuamente pasando por las manos de doce magistrados, a quienes se quiere convertir en una cámara legislativa escoba con dos bancadas bien aleccionadas para que nunca puedan llegar a ser doce hombres justos.