El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado la imputación del presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, y otros seis directivos de su grupo por la supuesta compra de acciones con cargo a la 'caja B' del Partido Popular (PP), al considerar que los hechos delictivos imputados por una de las acusaciones carecen de "relevancia jurídico penal".

El Observatori DESC, que ejerce la acusación en la causa en la que se investiga la contabilidad B del PP, atribuyó un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales a los siete directivos que formaban parte del Consejo de Administración de Libertad Digital entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2004, cuando se produjo la ampliación de capital investigada por el magistrado.

Además de Jiménez Losantos, la acción penal se dirigía contra el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte y los vocales Francisco Javier Rubio, Francisco Cabrillo, José Raga, Pedro Gómez, Pedro Juan Viladrich y Pedro García Meroño. En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, Ruz rechaza la imputación de los siete directivos alegando que "la propia descripción de hechos sobre la que pretende construir la existencia de un delito fiscal, además de confusa, no constituye un hecho imponible configurador de una obligación tributaria que haya de ser tenida como infringida y generadora del fraude fiscal que se pretende".

"Es confusa -señala en relación con la petición de imputación-, por la mezcolanza que realiza entre el importe nominal del capital suscrito en la ampliación de capital de Libertad Digital SA, y el importe total que resulta de las anotaciones realizadas en los denominados papeles de Bárcenas, como destinadas a la compra de acciones de la referida sociedad". "Y carece de relevancia jurídico penal, teniendo en cuenta la naturaleza de norma penal en blanco del delito fiscal", añade.

Habría prescrito

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala que la acusación tampoco menciona el impuesto que supuestamente se habría dejado de pagar y apunta que, si se tratara del de Sociedades correspondiente a 2005, "los hechos estarían en todo caso prescritos".

En relación con el presunto delito de blanqueo de capitales atribuido a los exdirectivos, Ruz señala que "el conjunto de diligencias hasta el momento practicadas durante la instrucción no han revelado indicio alguno" acerca del "conocimiento" por parte de los componentes del Consejo de Administración de Libertad Digital sobre la procedencia del dinero" con el que suscribieron acciones esta sociedad, entre otros, Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas. El Observatori DESC señalaba que, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que forma parte del procedimiento, la ampliación de capital de Libertad Digital se produjo a partir de "fondos de origen ilícito y su posterior afloramiento al sistema económico de importantes cantidades de dinero".

A Punto de la prescripción

En este sentido, pedía que se admitiera a trámite la querella antes de que se cumpla el plazo de prescripción de diez años que afectaría a los delitos que podrían derivarse de los hechos investigados. Según esta parte, los hechos prescribirían el 2 de noviembre de 2014, cuando se cumple el plazo de diez años desde "la última infracción cometida".

Según las declaraciones judiciales que Bárcenas realizó ante el juez Ruz en julio de 2013 y abril pasado, Lapuerta recibió en octubre de 2004 el encargo de Acebes de "buscar empresarios que estuviesen dispuestos" a participar en la ampliación de capital de Libertad Digital "utilizando para ellos los fondos de la 'caja B' del partido".

La adquisición de los títulos fue realizada por Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas (por valor de 149.600 euros), Álvaro Lapuerta (un total de 1.270 títulos por 139.700 euros que revendió a Libertad Digital por 209.550 euros con una plusvalía de 69.850 euros) y el trabajador del PP Francisco Yáñez (121.000 euros), padre del apoderado de las cuentas de Bárcenas en Suiza.