El fiscal Manuel Jesús Dolz, que actualmente ejerce en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, será el nuevo secretario de Estado de Justicia según acuerdo del Consejo de Ministros. Fue el fiscal del caso de presunta corrupción atribuido al exmandatario del PSOE José Blanco, que no llegó a juicio y, al igual que la ministra Dolores Delgado, con quien mantiene una relación de amistad,  es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). 

Dolz nació el 24 Septiembre de 1954 en Almería y cuenta con un brillante expediente en la Carrera Fiscal. En el currículum distribuido por la Fiscalía General del Estado, que cuenta con 91 páginas que incluyen todos sus méritos, destinos, trabajos doctrinales e incluso conferencias, destaca que Dolz fue número uno de su promoción a la categoría de abogado fiscal de ascenso en las oposiciones restringidas  a la Carrera Fiscal de 1985, habiendo ingresado en el Cuerpo de Fiscales de Distrito en 1981  

Académicamente, es doctor en Derecho con la calificación de sobresaliente cum laude, por la Universidad de Barcelona (2002). Premio Extraordinario de Licenciatura de Derecho con la calificación de sobresaliente, por la Universidad de Valencia (Promoción 1972/1977) y Premio Extraordinario a los mejores becarios de investigación del Estado, por el Ministerio de Educación (1979). 

En el Ministerio Fiscal, el número dos de Justicia ha ocupado los cargos ejecutivos de fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lleida (1990-1995), fiscal coordinador de Menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (1995-2005) y Fiscal del Tribunal Supremo Adjunto al Fiscal de Sala de Menores (2006-2007). Es fiscal del Tribunal Supremo desde el año 2005. 

En marzo de 2013 Dolz adquirió cierta notoriedad en los medios de comunicación tras pedir que se procesara al exministro socialista José Blanco por un delito de tráfico de influencias relacionado con sus gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat, en el término de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Pese a que el instructor de la causa José Ramón Soriano vio indicios para juzgar a Blanco, la Sala no apreció que hubiera pruebas de perpetración del delito y el asunto fue finalmente archivado meses después. 

Unos años antes, Dolz había competido junto con Delgado para la jefatura de la Fiscalía Antidroga, si bien en dicha plaza se confirmó a José Ramón Noreña, que ocupa dicha responsabilidad desde 2006.

Nuevo ministerio de Justicia

Por otra parte,  Delgado ha informado este viernes al Consejo de Ministros de su intención de acometer una reestructuración del departamento que dirige con el objetivo de potenciar aquellas unidades administrativas encargadas, por un lado, de acometer el proceso de modernización de la administración judicial y por otro aquellas cuya misión es promover los derechos humanos e incorporarlos a toda acción de cooperación jurídica internacional en la que participe el Estado español.*

Así, la ministra tiene la intención de recuperar la Dirección General de Modernización de la Justicia y Desarrollo Tecnológico, competencias que en la actualidad están repartidas en unidades con nivel administrativo de subdirección general.

La nueva dirección general ocupará el lugar de la actual Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que pasará a ser una división dependiente de la anterior.*   Por otro lado, la ministra Delgado ha decidido reforzar la dimensión humana de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, que asumirá nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, sin perjuicio de las competencias de otros ministerios.

Más competencias pero sin coste

La creación de la futura Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Derechos Humanos y Relaciones con las Confesiones, de la que dependerán tres subdirecciones generales, no tendrá coste presupuestario alguno, y permitirá reforzar los mecanismos que tratan de garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su sistema represivo según ha informado este viernes el Ministerio.**  Además, el Consejo de Ministros ha acordado nombrar subsecretaria de Justicia a Cristina Latorre en lugar de Áurea Roldán; y directora general de Cooperación Jurídica Internacional y*Relaciones con las Confesiones*a Ana Gallego, que sustituye en el cargo a Javier Herrera.*   Latorre (1961) es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y es miembro de la Carrera Diplomática. Actualmente desempeñaba la segunda jefatura de la Embajada de España en Belgrado. 

Ha sido también representante permanente adjunta de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2011-2017) y vicesecretaria general de Presidencia del Gobierno (2008-2011). Anteriormente, entre los años 2006 y 2008 ocupó el cargo de directora general de Cooperación Jurídica Internacional en el Ministerio de Justicia. Ha desempeñado también cargos directivos en las embajadas de España en Guatemala, Tanzania, Ruanda y Burundi así como en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.*   Por su parte Gallego (1974) es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Actualmente ostentaba el cargo de directora de la Filmoteca Española. 

Entre 2004 y 2010 fue subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional en el Ministerio de Justicia. A lo largo de su carrera también ha ocupado los cargos de consejera de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas (2011-2012) y el de subdirectora adjunta de Coordinación Interinstitucional en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013-2016). 

Finalmente, el consejo de Ministros ha acordado también el nombramiento de Borja Sastre como director del Gabinete de la ministra de Justicia. Nacido en Valencia en 1986, es licenciado en Derecho y tiene un Máster en Política y Administración de la Unión Europea. Durante los últimos seis años ha sido asesor técnico en el Parlamento Europeo, donde ha desarrollado su carrera en las áreas de comercio internacional, relaciones entre Europa y Latinoamérica, medio ambiente y cambio climático.