El paro de los secretarios fue tan histórico como la suspensión de juicios en Sevilla: más de 300 vistas orales y numerosas actuaciones procesales quedaron abortadas por la huelga de la Justicia.

La huelga convocada por las asociaciones profesionales contra la sanción de dos años de suspensión impuesta a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, por los retrasos en la ejecución de una condena al pederasta Santiago del Valle fue rotunda. De los 145 secretarios que hay en Sevilla y provincia, sólo seis no secundaron la protesta, lo que sitúa el seguimiento de las movilizaciones por encima del 96%.

La ausencia de los secretarios de sus puestos de trabajo durante tres horas provocó, como era previsible, centenares de suspensiones de actuaciones judiciales. Según los datos facilitados por la secretaria coordinadora de Sevilla, Ana Jiménez, ayer se suspendieron 201 juicios y otras 66 actuaciones procesales en la capital y la provincia, aunque estos datos sólo están contabilizados hasta las 15.00 y representan al 55,9% del total de órganos judiciales, con lo cual las previsiones apuntan a que el numero real de suspensiones puede duplicarse.

La jornada de huelga comenzó con la concentración en la explanada de la Audiencia de más de un centenar de secretarios judiciales, a los que se sumaron varios jueces y también pudo verse a algún fiscal. La secretaria Juana Gálvez, que quiso estar junto a sus compañeros en la concentración, tuvo que refugiarse en un primer momento en el edificio de la Audiencia ante la avalancha de cámaras y fotógrafos que la rodeó por completo. Tan sólo unos minutos después, Gálvez volvió a unirse a la protesta, esta vez fuertemente arropada por sus compañeros y por algunos funcionarios de su propio juzgado. La secretaria se colocó en primera línea, justo detrás de la pancarta en la que podía leerse la leyenda Bermejo dimisión, en alusión al ministro de Justicia, que es quien le ha impuesto la suspensión de dos años de empleo y sueldo.

Los secretarios denunciaron precisamente que Juana Gálvez ha sido utilizada por el Ministerio para "encubrir la ausencia de reformas modernizadoras de la Justicia a las que está obligado desde la ley orgánica de 2003" e instaron a sus asociaciones profesionales a que vuelvan a convocar una nueva jornada de huelga dentro de un mes.

Coincidiendo con el paro de los secretarios, los jueces de los órganos unipersonales y de la Audiencia Provincial celebraron sendas reuniones en las que rechazaron las injerencias políticas en la independencia del Poder Judicial, a raíz de las declaraciones del ministro de Justicia y de la vicepresidenta del Gobierno en las que pidieron una sanción de tres años de suspensión para el juez Rafael Tirado, sancionado con 1.500 euros por la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

Los jueces de Sevilla denunciaron, al término de una reunión que se prolongó durante casi dos horas, que a pesar de las reiteradas peticiones que han efectuado en los últimos años sobre la necesidad de reforzar las plantillas de funcionarios y dotarlas de personal con una formación adecuada, "las administraciones competentes, esto es, el Estado y la comunidad andaluza, han hecho oídos sordos al respecto". En este sentido, los jueces exigieron al Gobierno central y a la Junta que "asuman sus responsabilidades y adopten todas las medidas necesarias" en relación a la falta de medios técnicos, materiales y humanos de los que carece actualmente la Justicia.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, indicó ayer que la junta de jueces va a realizar un "seguimiento" a estas reivindicaciones y advirtió que "no descartan" adoptar otras medidas si no se producen avances significativos. "No estamos dispuestos a esperar de forma eterna", aseveró el decano, que añadió que en la reunión de ayer también se habló de los más de 3.000 correos electrónicos que circulan en la intranet del Poder Judicial reclamando una mayor contundencia en las protestas e incluso la creación de un comité de huelga. Federico Jiménez Ballester rechazó las críticas a un supuesto corporativismo en el caso Mari Luz y señaló que las demandas de los jueces versan sobre "el derecho de los ciudadanos a tener un servicio público eficaz". El decano insistió en que las carencias de la Justicia y la sobrecarga de asuntos "pueden contribuir a que se produzcan errores" como el del caso Mari Luz y añadió que estos errores "pueden volver a repetirse".

A la junta de jueces de Sevilla no asistió el magistrado Rafael Tirado, quien tenía que continuar un juicio por un atropello que corría el riesgo de tener que celebrarse de nuevo. El juez acabó la sesión del juicio sobre las cuatro de la tarde, una vez que la secretaria se reincorporó al juzgado tras la huelga, y envió al decano un escrito en el que pedía que se le excusara de la reunión de jueces.