Las comunidades autónomas gobernadas por el PP mostraron ayer, tras la reunión que mantuvieron con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, su apoyo a la decisión del Gobierno de aprobar un decreto-ley de medidas excepcionales y urgentes que regula la conducción de agua de Tarragona al área metropolitana de Barcelona, porque, en su opinión "se da respuesta a una necesidad". Por su parte, la ministra reiteró que la conducción "no es un trasvase' y advirtió que no se va a reabrir el debate sobre un hipotético trasvase del Ebro.

La consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María José Ruiz, que habló como portavoz de todas las comunidades del PP que asistieron a la reunión con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino -en la que sólo faltaron los consejeros de Baleares, Euskadi y Ceuta- aseguró que "el sentido común ha imperado" porque se llegó a esta aprobación del decreto-ley debido a que fue "una actuación de medida urgente". Ruiz subrayó que "la actitud del Gobierno es acorde con el sentimiento que las comunidades autónomas han planteado durante cuatro años".

La ministra fue contundente. "Digo rotundamente que no es un trasvase" aseveró la ministra, que, en la misma línea que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que actuaciones similares se han llevado a cabo en Valencia, Alicante y Murcia. "Si en aquellos momentos no se hablaba de trasvase, no sé por qué se hace ahora", apostilló Espinosa, que dejó claro a los asistentes a la reunión que "se mantiene la derogación del río Ebro".

Espinosa recordó que las obras para ejecutar la conducción tendrán un coste de 180 millones de euros y se finalizarán en unos seis meses. También agradeció "el clima de diálogo" que prevaleció "a lo largo de las más de tres horas de reunión".