El PP quiere esperar a conocer el contenido de la sentencia del Tribunal de la UE sobre la normativa española de desahucios por deudas hipotecarias antes de aprobar el proyecto de ley sobre el mismo asunto que actualmente tramita el Congreso, dijeron varias fuentes parlamentarias. 

La razón para aguardar a la decisión del Tribunal de Luxemburgo, que previsiblemente se conocerá el próximo 14 de marzo, es evitar que el Parlamento español apruebe una ley y que nada más entrar en vigor tenga que ser modificada por exigencia de la justicia europea, explican las fuentes consultadas. 

La idea de acompasar el proyecto de ley sobre desahucios con la sentencia de Luxemburgo podría retrasar el calendario dibujado inicialmente, pero no tiene por qué incumplir el compromiso de que el Congreso la apruebe este mes de marzo. 

Aunque el Tribunal de la UE aún no se ha pronunciado, es posible que concluya que España incumple algún precepto europeo, en línea con el dictamen previo de la abogada Juliane Kokott de noviembre pasado. 

La letrada considera que la regulación española no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios. 

Sus conclusiones no vinculan al Tribunal, pero habitualmente adelantan el sentido de la posterior sentencia. 

Actualmente hay dos textos sobre desahucios en el Parlamento: el proyecto de ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, procedente del real decreto que aprobó el Ejecutivo el pasado mes de noviembre, y la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social. 

Tras la admisión a trámite de la ILP el pasado 12 de febrero, el PP, que tiene una amplia mayoría absoluta, y el PSOE acordaron su tramitación por la vía de urgencia y su acumulación con el otro proyecto de ley. 

La idea inicial, según explicó el portavoz popular, Alfonso Alonso, era abrir rápidamente el plazo de enmiendas a la ILP para que la ponencia encargada de redactar el nuevo texto pudiera reunirse sin demoras. El plazo de enmiendas acababa ayer, pero a última hora de la mañana fue ampliado hasta el próximo miércoles 6 de marzo. 

Las ampliaciones de plazo son habituales dentro de la práctica parlamentaria y la nueva fecha podría volver a posponerse, aunque esto no sería estrictamente necesario, ya que el plazo para convocar la ponencia tiene cierta flexibilidad, según las fuentes consultadas. 

De esta forma, la Comisión de Economía puede aprobar el proyecto de ley con competencia legislativa plena, es decir, sin necesidad de que lo vote el Pleno, y remitirlo al Senado en marzo, tal como avanzó el PP.