PSOE y PNV han cerrado un acuerdo para el traspaso de las políticas activas de empleo, lo que supone el paso previo a la negociación de un acuerdo para la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, según informaron fuentes parlamentarias. El traspaso, pactado la víspera del Debate de Política General previsto este jueves en el Parlamento vasco, se cuantifica en 472 millones de euros que, a partir de enero de 2011, serán descontados del cupo, según ha precisado el presidente del PNV, Iñigo Urkullu. El acuerdo implica transferir las bonificaciones a las cuotas empresariales, aunque el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ha subrayado que "el principio de unidad de la caja única de la Seguridad Social se respeta de un modo absoluto", ya que las bonificaciones a la contratación "no son caja única".

De este modo, el acuerdo, condición sine qua non que el PNV había puesto al PSOE para hablar de los Presupuestos de 2011, supone transferir a Euskadi las funciones, bienes y personal de las políticas activas de empleo, incluyendo bonificaciones a las cuotas empresariales, la intermediación laboral (antiguo Inem), la Formación Profesional (tanto ocupacional como continua), la Inspección Laboral y el centro de formación de Bermeo (Vizcaya) dependiente del Instituto Social de la Marina. Paralelamente, PSOE y PNV han pactado que, en cuanto se reorganice el  Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), de acuerdo con la última reforma laboral, se procederá a la transferencia de las funciones ejecutivas vinculadas al mismo.

Las negociaciones han estado protagonizadas por los responsables parlamentarios del Grupo Socialista y del PNV, a su vez en permanente contacto con el Gobierno central y con la Ejecutiva nacional del partido vasco, respectivamente. El anuncio corrió a cargo de Urkullu, acompañado por su portavoz, Josu Erkoreka, y por el portavoz socialista, José Antonio Alonso, flanqueado por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y su secretario de Estado, Gaspar Zarrías. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado al tanto de las negociaciones. Urkullu ha reconocido que le llamó antes de comparecer ante la prensa para informarle del visto bueno definitivo de la dirección del PNV. También Alonso ha querido dejar claro que el PSOE ha estado dando cuenta de sus conversaciones al PSE y al Gobierno vasco. El propio Zapatero ha sido el encargado de informar al lehendakari, Patxi López. 

Acuerdo histórico

Para los nacionalistas, este acuerdo es "histórico" en cuanto a que satisface "íntegramente" una reivindicación que el PNV venía realizando desde 1988. También consideran "muy importante" que Euskadi reciba, a partir del 1 de enero de 2011, las herramientas públicas necesarias para realizar una gestión propia en el ámbito socio-laboral que ayude a Euskadi a mejorar su situación económica y paliar el desempleo. Urkullu ha precisado que con este traspaso se da "por cerrado y por satisfecho" el acuerdo que alcanzaron con el PSOE en las negociaciones presupuestarias del pasado año y que será a partir de ahora cuando hablen con el Gobierno sobre los Presupuestos de 2011. 

"Es un tiempo que nadie puede desaprovechar para la estabilidad económica, política e institucional y el PNV no lo va a desaprovechar", ha manifestado, adelantando que otras transferencias pendientes que su partido pidió en el reciente Debate sobre el estado de la Nación estarán también encima de la mesa de negociación con los socialistas, así como el diseño de los propios Presupuestos. A este respecto, Urkullu ha subrayado que, además de plantear austeridad en el gasto, también abogarán por mantener las inversiones en proyectos estratégicos y en infraestructuras, así como la necesidad de alcanzar una estabilidad económica, política e institucional en Euskadi y en el conjunto de la sociedad española.

Alonso ha defendido que el acuerdo es "satisfactorio para ambas partes" y también para el Gobierno vasco que, según ha recalcado, "es el que va a gestionar" la nueva transferencia. Además, ha hecho hincapié en que se trata de un traspaso "absolutamente respetuoso con la Constitución, las leyes y la doctrina del Tribunal Constitucional". Sobre la posibilidad de que otras comunidades pidan también gestionar las bonificaciones a las cotizaciones que va a recibir Euskadi, el dirigente socialista ha replicado que de momento únicamente se está hablando del traspaso al País Vasco, y "no de otros territorios".

El PP amenaza con recurrir las cuentas

Por su parte, los presidentes de los gobiernos autonómicos del Partido Popular recurrirán los Presupuestos de 2011 si el Gobierno "sigue incumpliendo el modelo de financiación". Así lo han acordado en un almuerzo presidido por Mariano Rajoy al que han asistido todos los presidentes autonómicos populares menos Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Pedro Sanz (La Rioja) y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente.

En este encuentro, han acusado al jefe del Ejecutivo de "poner en riesgo los servicios públicos esenciales", al tiempo que han denunciado el "engaño del modelo de financiación autonómica socialista". A su entender, hay que delimitar "con claridad" las competencias de cada administración para evitar duplicidades y llevar a cabo una profunda reforma institucional y económica del sector público, según consta en un comunicado emitido por el PP.

En este sentido, el PP ha subrayado que el Gobierno está poniendo en riesgo, a través de las Comunidades Autónomas, los servicios públicos esenciales como sanidad y educación y ha recordado que el "problema del enorme déficit del sector público español" no se resuelve "recortando la financiación de los servicios públicos esenciales, ni congelando las pensiones ni subiendo los impuestos". En esta misma línea, han exigido el aplazamiento para el reintegro de las liquidaciones negativas por un periodo de diez años para poder así mantener la calidad de los servicios públicos básicos que prestan a los ciudadanos y han hecho un llamamiento al Ejecutivo central para que mantenga el esfuerzo inversor en el conjunto de las administraciones públicas, tan necesario para recuperar la competitividad y el empleo".