Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex presidente catalán, facturó a la empresa Copisa alrededor de 3,2 millones de euros por actuar de intermediario en ocho operaciones, la mayoría inmobiliarias, para empresarios que han afirmado ante el juez Pablo Ruz que ni siquiera le conocen. El juez que investiga el origen de la millonaria fortuna en el extranjero encontrada a Jordi Pujol Ferrusola ha tomado declaración a 17 testigos, una decena de ellos empresarios con los que supuestamente intermedió para diferentes negocios.

Según fuentes presentes en la declaración, todos ellos menos uno, el vicepresidente de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, han afirmado que no le conocían y que nunca intermedió en las operaciones, por las que el primogénito de los Pujol supuestamente cobró de Copisa -la empresa de su amigo de la infancia- unos 3,2 millones. Muchas de ellas consistieron en compraventas de fincas, concretamente en Ronda (Málaga), Hospitalet de Llobregat y Terrassa (Barcelona) y Madrid, negocios que varios testigos han coincidido en destacar que eran sencillos de llevar a cabo. También facturó por intermediar en la compraventa de dos plantas fotovoltaicas en Ciudad Real y Albacete, así como en la construcción de túneles en Andorra, ampliación de una refinería en Cartagena y búsqueda de terrenos para Vilarrubí en las zonas de Lleida y Girona.

Vilarrubí ha sido el único de los empresarios que ha respaldado los trabajos que facturó hace unos dos años a Pujol Ferrusola por buscarle los terrenos para un negocio hípico, aunque ha dicho haberle pagado por ello 20.000 euros cuando figura una factura de su empresa, CVC, por 330.000 euros, desfase que no ha sabido explicar, según las fuentes. Dos de los testigos se han erigido en los verdaderos intermediarios de las operaciones. "Ese señor juro y prometo que jamás apareció en ningún sitio", ha dicho uno de ellos.

Este testigo ha explicado a Ruz que "no daba crédito" a las informaciones que iba leyendo en la prensa sobre la supuesta intermediación de Pujol Ferrusola, porque fue él quien sirvió de contacto entre la empresa dueña de unos terrenos en Ronda y su compradora Copisa. En esas fincas se edificó luego la urbanización Los Merinos y por los trabajos de intermediación Copisa prometió a este testigo un 3% de comisión, de la que solo cobró parte y que ahora reclama judicialmente. Respecto a esta operación ha declarado también un trabajador de Copisa, quien ha dicho que "nunca en la vida" ha visto a Jordi Pujol Ferrusola y que solo intercambió una llamada con él sobre estos terrenos, por los que el primogénito de los Pujol supuestamente se embolsó 1,1 millones de euros. En ese momento, la fiscal Anticorrupción Belén Suárez le ha cuestionado si Pujol Ferrusola cobró tanto dinero por una llamada, a lo que ha respondido que sí, según han detallado las fuentes.

Otro testigo también ha declarado que fue el verdadero intermediario en la compra en 2009 de una planta solar por parte de Copisa, por lo que ha dicho que cobró 40.000 euros tras mantener numerosas reuniones con las dos partes. Pujol Ferrusola facturó a Copisa 139.000 euros por esta operación, pero ni el empresario propietario de la planta que ha declarado ante el juez, ni el testigo que se ha atribuido la intermediación le vieron nunca. Tampoco conoce al primogénito de los Pujol el empleado de una empresa que contrató a Copisa para la ampliación de una refinería en Cartagena, una operación por la que supuestamente cobró 611.000 como conseguidor. Otra testigo que ha dicho que nunca le ha visto ni hablado con él es la dueña de unos locales en Madrid que anunció la venta en prensa y recibió una llamada de un empleado de Copisa interesándose por ellos, compraventa por la que Pujol Ferrusola facturó a Copisa 175.000 euros.

También han declarado dos hermanos dueños de la empresa Focio, que vendió unos locales a Copisa en Hospitalet de Llobregat recalificados poco después. El ex suegro de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés, les pidió un 3% de comisión por esta compraventa afirmando que ese dinero se lo había prometido su recientemente fallecido padre, pero ellos han dicho que nunca supieron que Gironés hubiera intermediado. Al final, le pagaron un 1% porque Gironés se puso muy insistente y les reclamó el dinero incluso en una misa funeral en memoria de su padre. Los hermanos han dicho haberse sentido estafados por esta venta, ya que desconocían que las fincas se iban a recalificar, y han sostenido que "algo debía saber" Copisa de esta operación urbanística.