El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana sigue suscitando críticas en diferentes ámbitos, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha querido atajarlas al afirmar que "en absoluto es una mordaza". A las críticas ya expresadas por el PSOE y la Izquierda Plural se han sumado las de algunas asociaciones judiciales o reconocidos políticos como Julio Anguita, así como la preocupación de gobiernos autonómicos como Cataluña.

Interior dio a conocer el martes las líneas generales del anteproyecto de la futura ley, que multará con hasta 600.000 euros las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, como el Congreso o el Senado, aunque en ese momento no tengan actividad, o los escraches. Además, sancionará con multas de entre 1.001 y 30.000 euros insultar o injuriar a los agentes o alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación. Prevé también, entre otras sanciones administrativas, multar a los clientes y prostitutas que ejerzan esa actividad en zonas donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial.

Ha sido en el Congreso donde Rajoy se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, por la propuesta y ha negado que con ella se pretenda imponer una "mordaza" a los españoles que quieren protestar en la calle en contra de las medidas de ajuste aplicadas por el Ejecutivo. El presidente ha añadido que el único objetivo es cumplir la obligación del Gobierno de garantizar "la seguridad y la libertad" de todos los ciudadanos.

Mientras, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado convencido de que cuando se conozca el proyecto, a lo que están diciendo los críticos "se les puede aplicar aquello de que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia". Desde Galicia, Fernández Díaz ha dejado claro que el trabajo de los periodistas "no se va a ver menoscabado con esta ley", porque de lo que se trata es de "hacer compatible con el derecho a la intimidad personal y familiar a policías y guardias civiles sin limitar para nada derechos tan fundamentales" como la libertad de expresión y el derecho a la información.

A la Generalitat de Cataluña, tal y como ha señalado el consejero de Interior, Ramon Espadaler, le preocupa que se multe a los participantes en movilizaciones no autorizadas. Tras defender que haya más medios para la contención de la violencia urbana, Espadaler ha expresado su "preocupación severa" ante una posible "acotación" de derechos fundamentales. Desde el PNV, su diputado Pedro Azpiazu ha apostado por mecanismos "menos represivos" y "más democráticos" como la educación para resolver los problemas de seguridad ciudadana en vez de las multas.

Más contundente se ha mostrado el ex coordinador general de IU Julio Anguita, quien ha advertido de que las medidas propuestas son "la antesala del fascismo" y del "horror".

Las asociaciones judiciales también se han pronunciado, entre ellas Jueces para la Democracia, que ha calificado de "desproporcionadas" e "inconstitucionales" algunas medidas del anteproyecto, como la persecución de los escraches o las manifestaciones pacíficas ante instituciones como el Congreso. Tampoco ha ahorrado críticas la magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles, quien ha opinado que el texto "rezuma espíritu autoritario de restricción de derechos de los ciudadanos" y evoca a "tiempos anteriores a la Constitución".

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha rechazado que se puedan imponer sanciones por grabar o difundir imágenes de policías durante la cobertura de manifestaciones, disturbios o alteraciones del orden público. Todo no han sido críticas y un sindicato policial, la UFP, ha aplaudido el anteproyecto porque proporcionará una "mayor protección administrativa y penal" a la Policía ante "grupos radicales".