El juez Pablo Ruz ha pedido identificar a los usuarios de tres teléfonos de la Subsecretaría del Ministerio del Interior desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en la causa en la que se investiga el chivatazo con el que se alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006.

El magistrado de la Audiencia Nacional accede así a la petición que en este sentido le hizo la asociación Dignidad y Justicia y ha acordado también citar como testigo para tomarle declaración el próximo 8 de febrero a Fernando Amo, comisario provincial de San Sebastián cuando ocurrieron los hechos, el 4 de mayo de 2006, tal y como pidió la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Para ese mismo día, el juez ha llamado a declarar como testigo, también a petición de Dignidad y Justicia, al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián.

Según la asociación, el responsable de la UCI hizo constar en un informe que, el 3 de mayo, el jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos Germán, "fue reticente en diversos momentos" a llevar a cabo la operación policial, que se desbarató por el chivatazo, porque "era una operación que conllevaba riesgos políticos dada la tregua de ETA". Además de estas citaciones, Ruz da un plazo de cinco días a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que le informen sobre si en su momento se confeccionó expediente o informe alguno relativo a la actuación llevada a cabo por los agentes que participaron en la operación antiterrorista conjunta con Francia y que fue desbaratada por el "chivatazo".

Acuerda también requerir al director adjunto operativo de la Policía para que le informe "si existió parte de orden de servicio o comunicación similar" por la que se envió a Irún a uno de los tres imputados, un inspector de la Brigada de Información de Álava. Respecto a los usuarios de los teléfonos del Ministerio del Interior que pide identificar, el juez indica que es "preciso aclarar" la "real significancia" de la identificación de los usuarios de determinadas líneas telefónicas titularizadas por la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

Una vez estén identificadas las personas que utilizaron esos teléfonos entre el 1 de mayo de 2006 y el 16 de septiembre, Ruz anuncia que dictará "el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud" de que declaren como testigos. Dignidad y Justicia pidió que se identifique a esos usuarios al entender que "gozan de relevancia y de interés suficiente" las llamadas que se hicieron entre el 3 y el 4 de mayo por parte del Jefe Superior de Policía del País Vasco a un número titularizado por la Subsecretaría de Interior y del director general de la Policía a dos números también de la Subsecretaría de Interior.

El fiscal dio el visto bueno a estas solicitudes de las acusaciones populares -pese a que el 18 de enero consideró que no eran necesarias nuevas diligencias-, y además reclamó por su parte una prueba pericial telefónica sobre los repetidores situados en Francia, ya que el bar Faisán de Irún, donde se produjo el chivatazo, está situado al lado de la frontera.

El juez ha dado el visto bueno a esta pericial, aunque ha rechazado otras peticiones del fiscal Carlos Bautista como que la Guardia Civil elabore un informe complementario al que vaya a presentar la Policía sobre las llamadas efectuadas con teléfonos prepago en los alrededores del bar Faisán.

También accede el juez a la petición de uno de los imputados, el que fuera jefe superior de la Policía en el País Vasco cuando ocurrieron los hechos, relativa a que se informe sobre si en mayo de 2006 existían medios técnicos para que los repetidores de telefonía móvil identificaran "únicamente zonas de ubicación donde se encontraba activo un teléfono móvil no intervenido" y no como ahora con el sistema SITEL y GPS que identifica puntos exactos de ubicación.

El pasado 24 de enero, y tras recibir la documentación que pidió a la juez francesa Laurence Levert, Ruz ya ordenó una serie de diligencias entre las que pide a la Policía más datos sobre la cadena de custodia de la cinta que grabó en el bar Faisán de Irún.