El Tribunal Supremo quiere saber si la investigación de las fosas correspondía efectivamente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en función de las normas de reparto de la Audiencia Nacional. Con esta decisión, el Alto Tribunal descarta por el momento sobreseer la causa, que es lo que había pedido la defensa de Garzón, y continúa con la investigación. Ha pedido además una copia de las diligencias abiertas sobre los sucesos de Paracuellos de 1936, para "esclarecer las circunstancias" en que se dictan las resoluciones. 

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha dictado un auto en el que pide al Juzgado Decano de los Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, para que le remita las normas reguladoras del sistema de reparto de los asuntos, así como "fotocopia autenticada de los soportes documentales" relativos a la presentación a reparto de las denuncias, que fueron llegando paulatinamente a la Audiencia Nacional desde diciembre de 2006. 

Además de los trámites que siguieron las diferentes denuncias de los familiares, Varela quiere conocer cómo funcionó el reparto de denuncias y querellas entre los seis juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional en los últimos meses de 2006. Para ello solicita las diligencias de reparto de todos los asuntos que llegaron a la Audiencia nacional durante los tres meses anteriores a la presentación de la primera denuncia que originó la causa.

En el mismo auto, el instructor del Supremo accede a otra de las peticiones de las acusaciones y ordena que se remita al tribunal una copia de las diligencias 70/1998, relativas a los sucesos de Paracuellos de 1936, que fueron archivadas por Garzón. El magistrado justifica esta petición "en la medida que puedan contribuir a esclarecer las circunstancias concurrentes en la decisión de dictar las resoluciones" relativas a la causa por desapariciones del franquismo.

Varela ha rechazado por el momento otra de las pruebas solicitadas por el sindicato Manos Limpias, que se refiere a una ponencia pronunciada por Garzón el 24 de junio de 2008, en la que éste criticó a la ONU por su Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.

Varela analizará la documentación que le llegue de la Audiencia Nacional antes de decidir si finalmente sienta o no a Garzón en el banquillo. En el caso de que se produzca su procesamiento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá discutir si procede suspenderle en sus funciones mientras se sustancia la causa por prevaricación.